La ley de transparencia de Sánchez: un parche electoral ante la corrupción en su gobierno
En un intento de reafirmar su compromiso con la lucha contra la corrupción, Pedro Sánchez ha acelerado la tramitación de una nueva ley de transparencia que afecta a los altos cargos del Gobierno. Esta maniobra se produce en un contexto delicado, marcado por varios casos de corrupción que salpican al entorno cercano del presidente, como el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y las recomendaciones del Consejo de Europa que apuntan a que España aún no cumple con las medidas exigidas para combatir la corrupción de forma efectiva.
Contexto político tenso
El final de curso fue complicado para Sánchez y su partido, con presiones de sus socios de investidura que aprovecharon la situación para reclamar avances en sus peticiones. ERC exigió más cesión de competencias, Junts insistió en la amnistía de Puigdemont, y Podemos se posicionó como actor clave para aprobar los presupuestos. Todo esto ocurrió en medio de un clima de creciente desconfianza por parte de las instituciones europeas.
El 1 de agosto, el informe del Consejo de Europa criticó duramente al Gobierno por no cumplir con las 19 recomendaciones establecidas seis años antes en la lucha contra la corrupción. Ante esta bronca desde Bruselas, el Ejecutivo respondió destacando que ya estaba preparando una legislación para abordar estas deficiencias, pero que aún no se había implementado.
La Ley de Administración Abierta
Con el regreso de las vacaciones, el Gobierno ha decidido acelerar la tramitación de la Ley de Administración Abierta, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Este anteproyecto de ley recoge, entre otras cosas, una reforma de la Ley de Transparencia, mayor control sobre los conflictos de interés y un refuerzo de la rendición de cuentas.
Según el texto que ha sido enviado a consulta pública, el objetivo es adaptar el régimen de conflictos de interés de los altos cargos, personal eventual de confianza, y empleados públicos del Estado. Esto incluye establecer un sistema preventivo para garantizar que los altos cargos no utilicen su posición para obtener beneficios personales indebidos.
Transparencia y los bienes de los familiares
Una de las medidas que ha generado más debate es la exigencia de declaraciones de bienes de los cónyuges y familiares de los altos cargos. Esto cobra especial relevancia debido a las investigaciones abiertas contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en relación con varios negocios y contratos públicos.
El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa recomendaba precisamente que se ampliara la obligación de los altos cargos de declarar no solo sus propios bienes, sino también los de sus familiares directos, como los cónyuges. Esto permitiría un control más exhaustivo sobre sus actividades económicas y evitaría posibles conflictos de interés.
Sin embargo, en el anteproyecto de ley que ha sido ahora enviado a consulta, no se menciona explicitamente a los cónyuges ni a los familiares de los altos cargos. El texto hace referencia a la necesidad de aplicar principios de buena administración y transparencia para todos los altos cargos y personal de confianza, pero deja fuera la publicación de bienes de familiares, una de las principales exigencias del GRECO.
Críticas y reacciones
La falta de mención sobre los familiares en la ley ha generado críticas de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad que consideran que el Ejecutivo está intentando dar una imagen de transparencia sin ir hasta el fondo del problema. A pesar de que el Gobierno defiende que se trata de un paso en la dirección correcta, algunos creen que la ausencia de medidas concretas sobre este tema debilita la credibilidad de la ley.
Además, el Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando en mejorar la rendición de cuentas y la prevención de conflictos de interés. Esto ha sido bien recibido en términos generales, aunque muchos consideran que debería ir más lejos.
