La ley de familias, aprobada por el Consejo de Ministros y en camino hacia el trámite parlamentario, ha generado diversas polémicas y opiniones encontradas. Esta norma, heredada del tiempo de Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales pero finalmente aprobada por su sucesor en el cargo, Pablo Bustinduy, busca equiparar las parejas de hecho a los matrimonios y las familias "monomarentales" a las numerosas.

Antes de recibir luz verde en la primera vuelta en el Consejo de Ministros, el Gobierno solicitó al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado sendos informes sobre el proyecto. Sin embargo, ambos organismos, lejos de respaldar la iniciativa, advirtieron que más que una herramienta jurídica, se trataba de una norma ideológica. El Consejo de jueces destacó que el texto "rebasa el marco constitucional y crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protección".

Una de las medidas más polémicas del borrador original era la prohibición del pin parental, que fue finalmente eliminada del proyecto a sugerencia del Consejo de Estado.

El objetivo declarado de esta ley es triple: garantizar la protección económica y social de las familias, profundizar su derecho a la conciliación y avanzar en el reconocimiento jurídico. Para ello, contempla ayudas para la crianza, como los 100 euros al mes destinados a las familias con hijos de 0 a 3 años, así como la implementación de tres permisos de cuidados distintos.

Una vez aprobada, esta ley tendrá un coste económico anual de 700 millones de euros para las arcas del Estado, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales. Sin embargo, su paso por el trámite parlamentario promete ser intenso, con la posibilidad de que se introduzcan enmiendas para modificar el texto con medidas acordadas entre el PSOE y Sumar, y con la perspectiva de que se añada el concepto de familia numerosa, que había sido borrado en el borrador inicial.