Leire Díez vincula a Sánchez y Bolaños en una operación para obtener información judicial
Información revelada por THE OBJECTIVE, y ahora en manos del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, apunta a una maniobra concertada desde la cúpula del PSOE con implicaciones directas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La clave: una reunión semiclandestina celebrada a principios de mayo entre la exmilitante socialista Leire Díez —conocida en Ferraz como «la fontanera»—, el empresario Javier Pérez Dolset y el fiscal Ignacio Stampa, exintegrante de la Fiscalía Anticorrupción.
El encuentro, que inicialmente se justificó como un intento de reconciliación institucional, acabó revelando una trama para obtener información confidencial, desacreditar a fiscales críticos con el poder, y neutralizar investigaciones judiciales sensibles.
«Álvaro sabe que estoy aquí contigo… Lo va a saber el jefe de Álvaro»
Durante la conversación —grabada y aportada como prueba por el propio Stampa— Leire Díez asegura que García Ortiz estaba al tanto de su encuentro con el fiscal y añade una frase clave:
«Lo va a saber el jefe de Álvaro».
El fiscal Stampa no tarda en pedir una aclaración:
—«¿Te refieres al ministro? ¿Al presidente?»
—«Sí», responde Díez.
—«¿A los dos?»
—«A todos», remacha.
La fontanera socialista se presenta como «la mano derecha de Santos Cerdán», secretario de Organización del PSOE y uno de los hombres de máxima confianza del presidente. Su papel, según reconoce, era recabar información sensible de Stampa y de otros fiscales —como José Grinda— para desactivar procesos judiciales que afectan a altos cargos del Gobierno y su entorno político.
Una maniobra al más alto nivel: Cerdán, Bolaños, Sánchez
De acuerdo con el testimonio de Stampa, la reunión fue convocada «en nombre del Gobierno» y debía contar con la presencia de Santos Cerdán, quien finalmente no apareció. En su lugar, acudió Díez, quien aseguró ser la persona «puesta por el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto».
El objetivo: conseguir información sobre sumarios estratégicos como el caso Koldo, el caso Tándem, el caso Begoña o la situación del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. El fiscal detectó que la reunión se grababa y, ante el cariz que tomaba la conversación, decidió documentarla y remitirla al juzgado.
Según los archivos de audio en poder de la justicia, el empresario Pérez Dolset —investigado también en la causa— plantea que la corrupción judicial solo podría pararse con «una orden directa del presidente del Gobierno»:
«Esto se arregla con un puñetazo en la mesa. Da igual quién esté. Pero tiene que decirse: se acabó».
Una red para neutralizar fiscales y jueces incómodos
Según el auto judicial que investiga el caso, se trataría de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» cuyo fin último sería anular o malbaratar investigaciones judiciales abiertas en causas sensibles para el PSOE, como las que afectan a José Luis Ábalos, Begoña Gómez o funcionarios del Ministerio del Interior.
El juez atribuye a Díez y Dolset delitos de tráfico de influencias y cohecho, al haber intentado manipular desde fuera —pero en nombre del poder— el curso de acciones penales ya en marcha.
Dolores Delgado, entre los nombres clave
En la conversación también aparece mencionada la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, a quien Stampa responsabiliza de su exclusión de Anticorrupción. Los emisarios aseguran que quieren «hablar» con ella, aunque Stampa les reprocha su desconocimiento del caso y de las maniobras que lo apartaron en su día:
«Lo que me parece increíble es que no sepáis lo que me hicieron».
El fiscal no se muestra dispuesto a colaborar con quienes identifica como emisarios del poder político, aunque mantiene una actitud formal y prudente. Las grabaciones certifican que hubo presión y manipulación, incluso promesas institucionales para su rehabilitación profesional.
«Muchos están en nómina»
Otro pasaje relevante lo protagoniza Pérez Dolset, quien se atreve a describir una estructura informal de corrupción judicial:
«Muchos están en nómina, con cursos, invitaciones o pagos… No se puede limpiar por dentro. Hay miedo. Esto solo lo arregla una decisión política sostenida, un compromiso para pedir limpieza cada mes».
Para los interlocutores del PSOE, la misión era clara: obtener información comprometida sobre jueces y fiscales, controlar el relato, filtrar los elementos útiles a prensa afín y desactivar a los enemigos jurídicos de Moncloa.
Un caso que salpica directamente a Moncloa
El caso judicial abierto en el juzgado nº 9 podría derivar en una causa penal con implicaciones directas en el núcleo presidencial. Las pruebas presentadas —audios, mensajes y transcripciones— apuntan a una intervención estructurada, metódica y ejecutada con cobertura política.
La frase que resume el alcance de la operación la dijo uno de los intermediarios a Stampa: «Es el 1 quien decide».
