Leire Díez se ampara en la Constitución para justificar su actuación en las cloacas del PSOE: realizaba una “investigación periodística”

Leire Díez, militante socialista y conocida ya como la “fontanera de Ferraz”, ha intentado blindar su conducta aludiendo al artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz". En una comparecencia celebrada este miércoles en un hotel de Madrid, Díez ha defendido su actuación, señalando que se limitaba a realizar una supuesta "investigación periodística" relacionada con presuntas irregularidades en cuerpos policiales y procedimientos judiciales que afectan al Gobierno.

Una reunión clave en Ferraz y la baja voluntaria del PSOE

El día anterior, Leire Díez se presentó en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, donde mantuvo una reunión de más de dos horas con el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Según fuentes del partido, durante ese encuentro Díez solicitó formalmente su baja voluntaria como militante socialista. Lo hizo tras la publicación de varios audios en los que ofrecía pactos judiciales a cambio de información confidencial sobre la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).

La Secretaría de Organización abrió un expediente informativo sin medidas cautelares, a pesar de la gravedad de las acusaciones. En los mencionados audios, Leire Díez aparece junto al empresario Javier Pérez Dolset, con quien habría conformado una estructura informal que operaba presuntamente como un brazo paralelo de influencia y control judicial en beneficio del PSOE.

El modus operandi: presión, pactos y abogados afines

Los detalles del modus operandi atribuido a Díez y Dolset revelan una estrategia clara: contactaban con empresarios investigados judicialmente, en muchos casos por casos de corrupción vinculados al sector público, y les ofrecían abogados "de confianza" con el objetivo de obtener información sensible sobre mandos de la UCO, fiscales o jueces que lideraban las investigaciones más comprometedoras para el Gobierno.

A cambio, estos empresarios recibían la promesa de beneficios procesales: acuerdos con la Fiscalía, reducción de condenas, e incluso indultos. Todo ello, según la versión publicada, bajo la coordinación y cobertura política de Ferraz, aunque la dirección del PSOE niega cualquier vinculación orgánica con estas prácticas.

Una red paralela para proteger al Ejecutivo

Los indicios apuntan a la existencia de una red establecida con el objetivo de controlar los flujos de información en las causas que afectan al entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez. Entre los casos más delicados se encuentran:

• El caso Koldo, en el que se investigan contratos públicos vinculados al exasesor del ministro Ábalos.

• Las tramas de hidrocarburos relacionadas con Hafesa, Gaslow y Villafuel.

• Las investigaciones abiertas sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Se trataría, según la documentación y audios conocidos, de una estructura parapolítica que pretendía influir en el desarrollo de procesos judiciales en curso y evitar que determinadas informaciones comprometedoras salieran a la luz o derivaran en imputaciones formales.

Negación y distanciamiento oficial del PSOE

Desde Ferraz, la dirección del PSOE ha optado por negar cualquier relación formal con Leire Díez, insistiendo en que "es simplemente una militante de base". Santos Cerdán, preguntado por los periodistas, ironizó afirmando que "con un solo brazo no tenemos para tantas manos derechas", en un intento de quitar peso político a la conexión entre ambos.

Sin embargo, las pruebas documentales contradicen esta versión. En redes sociales abundan las imágenes de Díez junto a cargos del PSOE, incluyendo fotografías con Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Además, participó activamente en actos de partido celebrados a comienzos de 2025, en plena efervescencia de los contactos con empresarios investigados.

Uno de esos actos fue el que tuvo lugar el 24 de enero, donde aparece junto a Pedro Casares, candidato afín al presidente, quien sería elegido secretario general del PSOE de Cantabria en febrero.

A pesar de que Leire Díez ha intentado refugiarse en la libertad de información que reconoce la Constitución, fuentes jurídicas consultadas consideran que su actuación no se enmarca en el ámbito del periodismo profesional, y que su rol no fue otro que el de intermediaria oficiosa de intereses partidistas con capacidad para condicionar procesos judiciales en marcha.

Con su baja como militante presentada, la investigación sobre el verdadero alcance de su red, sus vínculos con la cúpula del PSOE, y el nivel de conocimiento de estas prácticas dentro del Gobierno, continúa siendo uno de los principales focos del caso que ha sacudido al Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2025.