El legado de Armengol: compras sin control y adjudicaciones fantasma durante el COVID
Una auditoría independiente encargada por el actual Govern balear, presidido por Marga Prohens, ha destapado una grave cadena de irregularidades en la contratación de emergencia realizada durante la gestión de la pandemia por el anterior Ejecutivo socialista de Francina Armengol.
El informe, elaborado por la firma Netadia Europa S.L.P. y al que ha tenido acceso OkDiario, analiza 60 expedientes tramitados sin concurrencia pública por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut), revelando una falta de control administrativo generalizada que ha dejado más de 45 millones de euros sin justificar con garantías documentales.
Contrataciones sin documentación ni control
Durante la fase más crítica de la crisis sanitaria, entre 2020 y 2021, el Govern balear invirtió más de 106 millones de euros en material sanitario –mascarillas, guantes, test rápidos, equipos de protección–. Sin embargo, según los auditores, 45,6 millones de euros carecen de trazabilidad financiera y administrativa.
Entre los hallazgos más graves, el informe destaca que en más de la mitad de los expedientes las actuaciones comenzaron sin ningún informe técnico previo. Es decir, se realizaron pedidos, se entregó material y se emitieron facturas antes de justificar formalmente la emergencia, una práctica que, según los expertos, vulnera el principio de legalidad.
Ausencia de contratos y actas de recepción
En la mayoría de los expedientes no existe contrato firmado ni documento equivalente que precise las condiciones de la contratación, ni tampoco actas que certifiquen la recepción del material sanitario. En muchos casos, lo único que consta es una anotación genérica de entrada de productos, sin firma ni validación responsable, lo que impide saber si se entregó lo que se pagó.
La auditoría recalca que la ley permite la contratación verbal solo en casos extremos, pero obliga a dejar constancia documental posterior. Sin embargo, esta obligación fue ignorada de forma sistemática.
Conflictos de intereses sin control
Uno de los aspectos más sensibles del informe es que no se encontró ninguna declaración de ausencia de conflicto de intereses por parte de los órganos de contratación. Este vacío legal se torna crítico en procesos adjudicados de forma directa y sin publicidad, donde el riesgo de arbitrariedad es elevado.
La auditoría alerta de que no se aplicó ningún mecanismo de prevención, lo cual debilita la transparencia y aumenta la exposición a posibles actos de corrupción o favoritismo.
Opacidad y uso prolongado del régimen de emergencia
A todo lo anterior se suma que muchas de las adjudicaciones se publicaron con meses de retraso o ni siquiera llegaron a aparecer en el perfil del contratante, incumpliendo las obligaciones de publicidad. Este déficit de transparencia es especialmente grave en contrataciones de emergencia, donde el control ex post es la única garantía pública.
Además, el informe detecta que el Govern siguió utilizando el procedimiento de emergencia incluso en 2021, cuando el suministro de material sanitario ya estaba estabilizado y el uso del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público ya no estaba justificado por razones de urgencia o imprevisibilidad.
Una gestión opaca y sin garantías
Para los auditores, las deficiencias no son puntuales, sino estructurales. El procedimiento de emergencia se habría utilizado como un sistema paralelo de contratación, fuera de los cauces ordinarios de fiscalización, lo que ha derivado en una grave falta de control del gasto público.
El informe insta al IB-Salut a corregir de forma urgente estas prácticas, reforzar los mecanismos de documentación, limitar estrictamente el uso del procedimiento excepcional y garantizar la máxima transparencia en futuras adjudicaciones.
