La defensa de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspenda el juicio contra ella por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por la "indefensión" que le ha causado que los otros dos acusados, Isaías H. y Andreu P., hayan llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En el trámite de cuestiones previas, la abogada Isabel Elbal --que representa a Borràs junto al abogado Gonzalo Boye-- ha reprochado que este acuerdo les ha "obligado en 72 horas a buscar pruebas que todavía no conozcan" dado que habían preparado la defensa de forma coordinada, y ha pedido suspender el juicio para tener tiempo de recavar pruebas nuevas.

"Nos hemos coordinado desde hace tres años en la misma línea de defensa. Nos hemos reunido presencialmente, incluidos familiares. Nos hemos comunicado por Whatsapp e intercambiado documentación", y ha detallado que las tres defensas incluso habían contratado conjuntamente una prueba pericial, pagada a partes iguales.

Ante esta petición, el tribunal ha agendado una sesión extra para el martes 14, en la que la defensa de Borràs podrá plantear nuevas cuestiones previas antes de que los magistrados las respondan el lunes 20, cuando estaba previsto reanudar el juicio.

La Fiscalía pide para Borràs una condena de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental; y la acusación provisional --que puede cambiar al final del juicio-- reclama para el beneficiario de los contratos, Isaías H., seis años de cárcel y tres para Andreu P., que supuestamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

LOS TACHA DE "COACUSADORES"

La defensa de Borràs también ha pedido al tribunal intervenir en último lugar durante el juicio, como corresponde a las defensas, ya que considera a los otros dos acusados "coacusadores" a raíz del acuerdo.

La abogada de Isaías H., Marina Roig, ha protestado pidiendo al tribunal que no permita que la defensa de Borràs se refiera a ella como acusación, porque cree que esto "pone en duda el derecho de defensa", tras lo que el tribunal ha advertido a Elbal.

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha afirmado que "el tribunal no tiene ninguna constancia de que exista este acuerdo" porque las partes no han expuesto que hayan llegado a una conformidad --en este sentido, la fiscal ha señalado que el acuerdo no está formalizado-- por lo que el tribunal ha rechazado modificar el turno de intervención pero ha dejado la puerta abierta a hacerlo más adelante.

Ante el pacto entre acusados y Fiscalía y al considerar que vulnera su derecho de defensa, Elbal ha avisado de que ella y Boye pedirán una dispensa a su colegio de la abogacía, es decir, que les permita saltarse la prohibición que tienen de desvelar conversaciones con otros abogados.

"YA NO ES AFORADA"

La defensa de Borràs ha recordado que ha sido suspendida como presidenta del Parlament a raíz de esta causa judicial, cuando la Mesa le aplicó un artículo del reglamento que prevé la suspensión de diputados en el momento en el que se les abre juicio por delitos de corrupción.

"Se la ha privado de sus derechos y deberes como diputada. Ya no es aforada, está suspendida", ha dicho Elbal, que a continuación ha sostenido que ya no le corresponde ser juzgada en el TSJC y ha alegado una vulneración del derecho al juez natural, que ha expuesto citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las prejudiciales que el magistrado Pablo Llarena planteó sobre las euroódenes a líderes del 1-O en una causa que también lleva Boye, a la vez abogado de Borràs.

También cree que, al juzgarla el TSJC y ser el ponente de la sala el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, se vulnera su derecho a un juez imparcial: antes del juicio, Borràs ya pidió recusarlo, pero el tribunal lo descartó.

Borràs ha alegado que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia con un "juicio paralelo" de declaraciones públicas y que la investigación ha puesto en entredicho su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

PIDEN QUE DECLARE LLUÍS PUIG

La defensa de Borràs también ha pedido incorporar al juicio la declaración como testigo del exconseller Lluís Puig, que lideró la Conselleria de Cultura mientras Borràs dirigía la ILC.

Elbal ha expuesto que ya habían propuesto su declaración pero el tribunal la rechazó: "Privarnos de este testimonio solo puede tener sentido si se entiende que Lluís Puig forma parte de un grupo objetivo de personas. No se encuentra en rebeldía".

Por su parte, la defensas de Isaías H. y de Andreu P., se han centrado en alegar fallos y defectos formales en la instrucción para tratar de invalidar pruebas recavadas.