Koldo García pide más tiempo al Supremo: alega indefensión y cambia por tercera vez de abogado
La defensa legal de Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo el aplazamiento de su declaración, prevista para este lunes, 23 de junio de 2025, en el marco de la Causa Especial 20775/2020. La petición, presentada por su nueva abogada Leticia de la Hoz, argumenta que no se ha tenido aún acceso completo al sumario judicial, lo que impediría el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La letrada expone en su escrito que el sumario es extenso y complejo, y que resulta imprescindible un mínimo de un mes para examinar el conjunto de las actuaciones y preparar la comparecencia. La solicitud se ha formulado formalmente ante el instructor de la causa, magistrado Leopoldo Puente, según recoge OKDIARIO.
Acceso limitado al material incautado
La defensa de García basa su petición en la ausencia de copia íntegra del material incautado durante los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especialmente en lo relativo a dispositivos electrónicos. Fuentes fiscales, citadas por el mismo medio, señalaron que el imputado se inclinaba ya en días anteriores por no declarar, precisamente por carecer de esa documentación clave.
La comparecencia de García estaba señalada para las 12:00 del mediodía, tras la de José Luis Ábalos, citado a las 10:00. De celebrarse, habría sido la segunda declaración formal del exasesor ante el Supremo, tras la realizada el 17 de diciembre de 2024.
Cambios en la defensa y estrategia jurídica
La designación de Leticia de la Hoz como nueva abogada supone el tercer cambio de defensa legal por parte de Koldo García desde que fue imputado en febrero de 2024. Inicialmente estuvo representado por el despacho Medina Cuadros, posteriormente por el penalista Ismael Oliver, y ahora por el bufete IBDO Consultants, especializado en derecho penal y económico. La abogada representa también a la pareja de García, Patricia Úriz, y a su hermano, Joseba García, quienes igualmente figuran vinculados al procedimiento.
Este movimiento legal se produce tras la aparición de nuevos elementos en la causa, concretamente las grabaciones de audio registradas por el propio García a lo largo de años, en las que aparecen dirigentes del PSOE, incluidos Ábalos y Santos Cerdán, discutiendo supuestas comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas.
Contexto de la investigación judicial
La comparecencia de García se enmarca en la instrucción dirigida por el magistrado Puente en el Tribunal Supremo, centrada en la presunta adjudicación irregular de contratos durante la pandemia, concretamente en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes.
El caso ha adquirido nuevas dimensiones tras la aparición de los citados audios, que, según los informes de la UCO, podrían implicar a una red más amplia de cargos políticos. Como consecuencia, el magistrado ha ordenado también la comparecencia, esta misma semana, del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuya citación ha sido pospuesta al 30 de junio tras la solicitud de su nuevo abogado.
Este lunes estaba previsto que tanto García como Ábalos comparecieran en el Tribunal Supremo, si bien, según adelantó La Sexta, ambos mantuvieron una reunión previa en Madrid la noche del domingo en el despacho de José Aníbal Álvarez, actual defensor del exministro.
Implicaciones y cronología del procedimiento
Desde su detención, García ha sido objeto de una intensa investigación que ha derivado en varios registros, la intervención de dispositivos electrónicos y la incorporación de nuevas pruebas al sumario. Sus sucesivos cambios de defensa y la estrategia de grabación sistemática de conversaciones internas del partido han generado inquietud en el seno de la organización socialista, particularmente a medida que nuevos indicios han sido revelados.
El Supremo aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de aplazamiento, y se espera que la decisión del magistrado instructor tenga en cuenta tanto el derecho a la defensa como los plazos procesales de una causa que involucra a múltiples actores públicos y que continúa en fase de instrucción.
