La justicia sienta en el banquillo de los acusados al hermano de Sánchez por corrupción
El recurso de David Sánchez es rechazado mientras se ejecuta un plan para aforar a su presunto cómplice, Miguel Ángel Gallardo
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado el recurso interpuesto por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmando su procesamiento por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Con esta decisión, la magistrada ratifica su anterior conclusión tras haber interrogado nuevamente al acusado y al resto de los imputados, en una causa que ha cobrado gran relevancia política por las implicaciones institucionales que comporta.
El pronunciamiento judicial coincide en el tiempo con el plan impulsado por José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, para aforar a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, también imputado en la misma causa. El objetivo de esta maniobra política es claro: garantizar a Gallardo el privilegio del aforamiento, dificultando así su enjuiciamiento en condiciones ordinarias.
Según ha informado El Debate, el entorno jurídico de David Sánchez recurrirá ahora ante la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque las posibilidades de éxito parecen escasas. Hasta la fecha, este órgano ha confirmado sin excepciones todas las resoluciones adoptadas por la juez Biedma en el marco de este proceso. Si el recurso es nuevamente desestimado, el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo se sentarán en el banquillo acusados formalmente de corrupción.
La causa gira en torno a la presunta manipulación de procesos selectivos y adjudicaciones públicas durante el periodo en que David Sánchez fue contratado en la Diputación de Badajoz, en 2017. Su incorporación como alto cargo ha sido objeto de escrutinio judicial tras revelarse supuestas irregularidades administrativas y trato de favor. En paralelo, Gallardo, figura central del PSOE extremeño, enfrenta acusaciones similares por su papel en la trama.
Los movimientos para blindar judicialmente a Gallardo han generado una profunda controversia dentro y fuera del PSOE, especialmente tras la dimisión en cadena de varios diputados autonómicos para permitir su entrada en la Asamblea de Extremadura y así otorgarle fuero. Esta estrategia ha sido interpretada como un intento de proteger a un alto dirigente socialista mediante prácticas que, si bien legales, han sido ampliamente criticadas por su opacidad política y su efecto erosivo sobre la credibilidad institucional.
En suma, el procesamiento confirmado del hermano de Pedro Sánchez no solo estrecha el cerco en torno al círculo familiar del presidente, sino que vuelve a situar la lupa sobre la instrumentalización del poder público para fines personales o partidistas, en una fase del mandato marcada por un creciente desgaste político y múltiples frentes judiciales abiertos.
