La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, tomó este jueves declaración como investigados a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez señalados en la querella que en mayo de 2020 interpuso Vox por 56 contratos adjudicados para compra de material sanitario e importe de 310 millones de euros en plena primera ola de la pandemia de los que, al menos una docena, presentan a su juicio severas irregularidades.

En concreto, desfilaron ante el juzgado el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), Paloma Rosado y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF), contra quienes se dirige la querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.

La juez les citó a prestar declaración tras analizar la documentación de los expedientes afectados, que ya habían sido remitidos al juzgado.

Vox, que ejerce la acusación en el procedimiento, sostiene que al abrigo de la situación de emergencia por la pandemia se adjudicaron millones de euros en compras de material sanitario sin ningún control a empresas que no eran «idóneas» para ello. Destaca irregularidades tales como mercantiles chinas de las que no constaba «ni el domicilio fiscal» ni la titularidad de sus administradores y alguna española cuya especialidad era de áreas alejadas de la gestión sanitaria, como la importación de productos alimenticios.

Según informaron en fuentes de la acusación, durante su declaración, a la que no asistió la Fiscalía, el director del Ingesa defendió la legalidad de los contratos, incidió en que se había seguido escrupulosamente la normativa y explicó además que mantenía contacto con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, «dos veces al día y le mantenía puntualmente informado de la contratación».

Se desmarcan de los proveedores

En cuanto a la selección de los proveedores, apuntó, de acuerdo a las mismas fuentes, que el listado de los contratantes se lo facilitó el embajador de España en Pekín, de manera que el Ingesa, siendo el adjudicatario, no tenía ninguna responsabilidad sobre ese directorio. Para Vox, quedó así evidenciado «que se incumplió» un paso tan importante en un contrato, sea o no de urgencia, como saber «quiénes son y qué experiencia tenían» los contratados.

Tal y como explicó la vicesecretaria Nacional Jurídica de la formación, Marta Castro, al término de las comparecencias, Jiménez enmarcó los posibles «errores» que se pudieron haber cometido, como los que apuntaba ya en su día el Tribunal de Cuentas, a la situación de saturación en que se encontraban los funcionarios y las difíciles condiciones de trabajo en aquella primera ola de la pandemia.

Conforme explicó Castro, en la comparecencia ante la juez también salió a la luz que «uno de los mayores contratos, el de respiradores, resulta que no lo gestionó el Ingesa ni su directora de contratación», pues ella declaró que «lo llevaba directamente el secretario general del Ministro de Sanidad». «Resulta sorprendente», comentó la letrada de Vox.

En cuanto a la declaración de la directora general de contratación de Hacienda, negó haber tenido participación alguna en los hechos y de acuerdo a las fuentes jurídicas mencionadas, solicitará el sobreseimiento de las actuaciones. Para la acusación, no es coherente esta posición porque en el estado de alarma esos contratos se suponía que se habían derivado al Ministerio que dirige María Jesús Montero.

«Sin experiencia previa»

La querella bebe de los datos del portal de Transparencia, donde Vox encontró 56 contratos de emergencia adjudicados por el Ingesa de los que gran cantidad lo fueron a adjudicatarios de los que «no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización».

Destacaba además doce contratos concretos realizados con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados».

En este sentido, cabe recordar que el órgano de fiscalización ya alertó en un informe el pasado mes de febrero de que «un número significativo» de los contratos de emergencia suscritos por 13 entidades públicas no se había comprobado la capacidad de los adjudicatarios para contratar con el sector público. En total, ese informe analizaba el 61% de las compras de esa docena de organismos. La juez ahora analiza si en esta gestión se incurrió en algún ilícito penal.