La justicia imputa de nuevo a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por apropiación indebida e intrusismo
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, enfrentará cargos de apropiación indebida e intrusismo por la presunta explotación de un software de la Universidad Complutense de Madrid para su propio beneficio empresarial. Gómez ya está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al incluir delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con la utilización de un software desarrollado originalmente para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La investigación señala que Gómez podría haber registrado el programa, que debía beneficiar a la institución educativa, a nombre de una empresa propia, derivando los beneficios de su explotación a su favor. Gómez, quien ya se encuentra bajo imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, deberá comparecer de nuevo ante el magistrado el próximo 18 de noviembre.
Acusaciones de apropiación indebida y colaboración insuficiente
El origen de esta acusación radica en una denuncia interna de la Universidad Complutense que solicitaba al juez investigar la posible apropiación indebida de esta plataforma. Según la universidad, Gómez registró a su nombre una marca relacionada con la Transformación Social Competitiva, la misma que desarrolló un software financiado por la UCM y destinado únicamente para sus fines institucionales. La universidad, en su informe, habría expresado además una notable falta de colaboración por parte de Gómez durante la investigación interna, que concluyó con la existencia de “indicios suficientes” para emprender medidas legales contra ella.
La reciente decisión del juez Peinado de formalizar la imputación por apropiación indebida llega en un momento especialmente delicado para Gómez, tras varios intentos fallidos de querellas contra el juez instructor. El pasado mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la querella interpuesta por Gómez contra el propio Peinado, alegando que las decisiones judiciales no son arbitrarias ni constituyen prevaricación, y rechazando el supuesto “alejamiento de la norma” alegado en la querella de Gómez.
Intrusismo: redacción de contratos sin cualificación profesional
Además de la apropiación indebida, el juez Peinado ha sumado a los cargos la acusación de intrusismo profesional. Según los informes de la denuncia y el auto judicial, Gómez habría elaborado pliegos técnicos para la contratación de servicios tecnológicos por parte de la UCM para una plataforma de gestión empresarial, un cometido que exige competencias técnicas específicas y una cualificación profesional que, según el auto, Gómez no poseía. La denuncia establece que Gómez no estaba autorizada ni capacitada para tales funciones, debido a que las facultades asignadas a su rol en la universidad no incluían expresamente la elaboración de estos contratos.
El delito de intrusismo se basa en la redacción de requisitos técnicos y experiencia profesional exigida a los licitadores para gestionar esta plataforma, competencias que Gómez no habría acreditado tener. Además, su rol en la dirección del máster universitario no incluía la facultad de establecer los parámetros técnicos de los proyectos, subraya el juez en su resolución.
Hazte Oír y la denuncia que activó el caso
Este proceso judicial se inició con la denuncia de Hazte Oír, en la que se exponían posibles irregularidades en la actuación de Gómez respecto al registro y uso de la plataforma. Los documentos entregados por esta organización sugieren que la esposa del presidente Sánchez pudo haberse apropiado de manera indebida del software y el nombre registrado de la plataforma, que contaba con financiación privada dirigida exclusivamente a la UCM. El juez Peinado sostiene que, de confirmarse los hechos, Gómez podría enfrentarse a consecuencias legales importantes, dado que la conducta se encuentra tipificada en el Artículo 253 del Código Penal español.
La imputación añade presión al actual Ejecutivo, ya sacudido por otros casos en los que también está implicada Begoña Gómez, y representa un nuevo desafío para la imagen pública del presidente del Gobierno en medio de una serie de controversias legales que afectan a su entorno inmediato.
Este avance judicial no solo pone en riesgo la reputación de Gómez, sino que podría tener repercusiones políticas mayores.
