El juez sienta en el banquillo a la supervisora de la vía rota en Adamuz por el ‘caso 3%’
La tragedia ferroviaria de Adamuz, que costó la vida a 45 personas y dejó decenas de heridos, ha revelado conexiones aún más profundas y preocupantes. La empresa Ayesa, encargada de supervisar la soldadura defectuosa que provocó el accidente, será juzgada por su implicación en el conocido caso del 3%, una trama de financiación ilegal del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según publica OkDiario.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por la Audiencia Nacional, señala que Ayesa habría amañado contratos públicos a través de pagos encubiertos a fundaciones vinculadas a CDC. La consultora está acusada de varios delitos graves, entre ellos asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Este nuevo frente judicial añade aún más presión al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, y al gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, cuyas responsabilidades en el accidente ya están bajo el escrutinio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Fue esta misma comisión la que identificó una soldadura fallida como la causa principal del siniestro que hizo descarrilar el tren Iryo 6189 y lo lanzó contra un Alvia que pasaba en sentido contrario.
Según Adif, la empresa Ayesa fue contratada expresamente para supervisar el control de calidad de la obra, incluyendo las soldaduras. Sin embargo, la pieza que falló unía un carril de 1989 con otro de 2023, en una junta cuya renovación no fue ejecutada correctamente pese a las declaraciones iniciales del ministro Puente.
Ahora, la investigación judicial revela que Ayesa ya estaba bajo el foco de la justicia desde hace años. En 2018, fue registrada por la Guardia Civil en el marco de la operación Colusorium, que investigaba un entramado de empresas afines a CDC que amañaban contratos a cambio de pagos supuestamente “donativos”.
En el sumario del caso 3%, la consultora aparece mencionada como parte del círculo de ingenierías beneficiadas por el reparto irregular de adjudicaciones. En concreto, se ha documentado que Ayesa, en UTE con Kreum, recibió un contrato valorado en 649.741 euros (sin IVA) para una obra en Cataluña. Apenas cinco días después de obtenerlo, realizó una donación de 6.000 euros a una fundación vinculada a CDC. Entre 2010 y 2012, las donaciones alcanzaron los 21.000 euros.
El juez José de la Mata asegura en su auto que los directivos de Ayesa "conocían perfectamente la estrategia" y "contribuían con fruición" a preparar, documentar y ocultar los pagos ilícitos. Además, destaca que la empresa carecía de mecanismos internos de prevención del delito y que su comportamiento era parte de un patrón sistemático para asegurarse futuras adjudicaciones públicas.
Esta revelación complica aún más la situación política y judicial derivada del accidente de Adamuz. La conexión entre una empresa bajo sospecha por corrupción y una infraestructura crítica fallida expone lo que muchos temen: que el accidente no fue un error aislado, sino una consecuencia de años de negligencia estructural y corrupción sistémica.
El Ministerio de Transportes y Adif insisten en defender la legalidad de los procesos de contratación y aseguran estar colaborando con todas las investigaciones. No obstante, los cambios de versión por parte del ministro, especialmente sobre las fechas de las revisiones y el alcance real de la renovación de la vía, han debilitado la credibilidad institucional.
Mientras tanto, el segundo informe técnico de la CIAF se espera para esta misma semana. Se espera que arroje más luz sobre la soldadura rota y cómo una empresa con antecedentes judiciales terminó siendo responsable de una tarea clave para la seguridad ferroviaria.
El caso ya ha tenido impacto político. Varios grupos parlamentarios han exigido explicaciones y la apertura de una comisión parlamentaria para investigar no solo el accidente, sino la cadena de contratos y adjudicaciones en el ámbito ferroviario.
