El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado contundentemente un recurso presentado por la Fiscalía, reafirmando su posición de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en relación con la plataforma Tsunami Democràtic y los disturbios de 2019.

La Fiscalía había modificado su criterio, discrepando abiertamente de la calificación de los disturbios como terrorismo. Sin embargo, el juez García Castellón sostiene que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo, argumentando la gravedad de los delitos, la afectación a los intereses generales y a las estructuras económicas esenciales del Estado, así como los daños y lesiones causados durante las protestas.

El magistrado ha mencionado la documentación obtenida sobre la muerte de un turista francés en el aeropuerto de El Prat durante las protestas, indagando si este fallecimiento estuvo relacionado con los disturbios. Además, ha cuestionado la necesidad de insistir ante la Fiscalía sobre la contundencia de los indicios que respaldan la calificación inicial por delito de terrorismo.

García Castellón ha subrayado la importancia de esclarecer los hechos, promoviendo la acción de la justicia y defendiendo la legalidad. En su auto, rechaza la idea de que no hay fundamentos para pedir al Tribunal Supremo que investigue a Puigdemont.

El juez ha emitido esta decisión después de que se desestimaran las recusaciones en su contra planteadas por varios investigados que cuestionaban su imparcialidad.

En paralelo a esta decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe resolver si ratifica los indicios de terrorismo vistos por el juez o si considera, como sugiere la Fiscalía, que se trata de desórdenes públicos.

En un segundo auto, el juez también ha rechazado un recurso presentado por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, contra la decisión de dirigirse a Suiza para que comunique oficialmente su paradero.