El juez rastrea siete años de llamadas de la asesora de Begoña Gómez
El magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado un informe detallado sobre todas las llamadas entrantes y salientes realizadas por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, desde el 16 de julio de 2018 hasta el 1 de julio de 2025. La medida se enmarca dentro de la investigación judicial que analiza presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, vinculada a la esposa del presidente del Gobierno.
La providencia judicial, dictada el 1 de julio, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargue de la recopilación y análisis de las llamadas efectuadas por Álvarez a diversas entidades patrocinadoras, entre las que figuran la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra Sistemas, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa y Reale Seguros, así como cualquier otra empresa relacionada con los másteres o actividades académicas impulsadas por Gómez.
El juez ha solicitado también las llamadas dirigidas a la Universidad Complutense y a sus responsables, así como al empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo empresarial, vinculado igualmente a la cátedra investigada.
Álvarez, una pieza central en la trama
Los correos electrónicos aportados al sumario sugieren que Cristina Álvarez actuó como intermediaria en diversas gestiones administrativas relativas a la cátedra, incluyendo el registro del software académico en nombre de Begoña Gómez, sin el procedimiento legal correspondiente. Se investiga si esa actuación pudo implicar una apropiación indebida de un producto desarrollado con fondos públicos y con el respaldo de entidades privadas.
Además, se ha documentado que la asesora utilizó su correo institucional y recursos públicos para realizar gestiones de carácter privado, incluyendo la presión a patrocinadores para mantener su financiación. En concreto, destaca un intercambio de mensajes en febrero de 2024 con la directora de comunicación de Reale Seguros, donde Álvarez solicita, en nombre de Gómez, que se mantenga la aportación económica de 15.000 euros anuales a la cátedra.
Estas comunicaciones motivaron que la asociación Hazte Oír pidiera su imputación formal, considerando que actuó como asistente personal de Gómez, utilizando para ello su puesto público y medios del Estado.
Evolución procesal y tensiones institucionales
Cristina Álvarez fue inicialmente llamada a declarar como testigo en diciembre de 2024. Un mes y medio después, en febrero de 2025, el juez Peinado acordó su imputación. La defensa argumentó que sus actuaciones fueron personales y no institucionales, pero el juez considera que las pruebas apuntan a un uso indebido de su posición como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
Por otra parte, la actitud del Gobierno ante los requerimientos del juez ha generado fricciones. En especial, el magistrado advirtió que, si no recibía la información requerida sobre las funciones de Álvarez en Presidencia, no descartaba ordenar un registro de las oficinas de Moncloa, ante lo que considera una estrategia de evasivas por parte del Ejecutivo.
El caso de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez continúa sumando elementos procesales relevantes. El análisis de las llamadas, unido a los correos ya aportados, puede confirmar o desmentir si existió una colaboración estructural y prolongada entre Moncloa y entidades privadas para fines ajenos a la función pública. La investigación se encuentra en una fase crucial y se espera que los próximos informes de la Guardia Civil aclaren si se produjo un uso indebido de recursos institucionales con fines particulares.
