El juez prohíbe salir de España a Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras
En una decisión de alto impacto político y judicial, el magistrado Ismael Moreno, instructor del llamado "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, ha dictado libertad vigilada con fuertes restricciones para Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, a quienes se les atribuyen delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Ambos quedan imputados formalmente, con el pasaporte retirado y prohibición expresa de abandonar el país.
Una Trama de Poder y Contratos a Medida
Según el auto judicial, tanto Pardo de Vera como Herrero habrían intervenido de manera deliberada en el amaño de licitaciones públicas, beneficiando a constructoras como Acciona y Levantina que, según la instrucción, pagaban sobornos a miembros clave de la trama liderada por Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.
El juez sostiene que Pardo de Vera, a instancias de Koldo García, "favoreció recurrentemente" a empresas concretas para la obtención de contratos de obra pública con apariencia legal. Su actuación, según el auto, fue determinante para consolidar un esquema de retorno de comisiones disfrazadas de formalidad institucional.
Ascensos, Favores y Colocaciones Estratégicas
La investigación, apoyada en miles de conversaciones y archivos digitales incautados en el domicilio de Koldo —una documentación de más de diez terabytes—, apunta a que la influencia ejercida por el entorno político de Ábalos iba más allá del negocio: incluía promociones internas, colocaciones a dedo y un entramado de lealtades sellado con beneficios personales.
El juez destaca que la promoción frustrada de Pardo de Vera al cargo de Secretaria de Estado contó con el impulso directo de Santos Cerdán, actual número tres del PSOE, y del propio Koldo, en una estrategia para consolidar el control sobre el área de infraestructuras públicas.
Asimismo, el auto atribuye a la exdirectiva una "participación decisiva" en la contratación de la expareja de Ábalos en las empresas estatales INECO y Tragsatec, donde se investiga si la trabajadora realmente llegó a desempeñar alguna función efectiva.
Javier Herrero: Intercesiones, Obra Pública y Silencios
En el caso de Javier Herrero, la justicia ve indicios de que "intercedió activamente" en procesos de adjudicación, actuando como facilitador de intereses empresariales afines a la red corrupta. El juez señala que estas maniobras fueron recompensadas con apoyos internos que buscaban elevarle a un cargo de mayor poder y responsabilidad.
Tanto Pardo de Vera como Herrero negaron los hechos ante el magistrado, defendiendo su gestión y desvinculándose de cualquier entramado de mordidas o favoritismos, apuntando a la "presión sistemática" ejercida por Koldo García, a quien definieron como figura dominante y canalizador de decisiones desde el entorno ministerial.
Justicia sin Fronteras: Cautelares Firmes, Proceso Abierto
El juez, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido retirar los pasaportes de los dos ex altos cargos y prohibirles salir del país, manteniendo una imputación activa en una causa que, aunque separada de la que afecta directamente a Ábalos —por ser aforado ante el Supremo—, pone en entredicho los mecanismos de contratación del Estado durante su etapa como ministro de Transportes.
Una Red que Salpica al Corazón del Poder
El caso Koldo ya no es una simple investigación sobre mascarillas con sobrecoste o comisiones opacas. Es, según apuntan fuentes jurídicas, un mosaico en expansión, que conecta infraestructuras estratégicas, colocaciones personales y alianzas políticas con fondos públicos adjudicados con criterios que ahora se investigan como ilícitos.
Mientras la causa sigue creciendo, el impacto en el Gobierno y en el PSOE amenaza con desgastar no sólo reputaciones, sino estructuras clave de confianza institucional.
