El juez Peinado ve «indicios sólidos» contra Begoña Gómez y la envía a juicio

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido continuar el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien atribuye cinco delitos relacionados con corrupción y su actividad al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

La resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, rechaza frontalmente las solicitudes de archivo presentadas por el Ministerio Fiscal y las defensas de los investigados. El auto incorpora además a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.

Cinco delitos por los que Begoña Gómez será juzgada

El magistrado considera que existen «indicios claros, sólidos y homogéneos» para que Gómez sea procesada por los siguientes delitos:

• Tráfico de influencias

• Corrupción en los negocios en el sector privado

• Apropiación indebida

• Intrusismo profesional

• Malversación de caudales públicos

La resolución se apoya en el artículo 25 de la Ley del Jurado y contempla que la causa se tramite por este procedimiento. Junto a Gómez, se mantiene la imputación de María Cristina Álvarez Rodríguez, su asistente personal pagada con fondos públicos; Francisco Martín Aguirre, ex secretario general de Presidencia; y Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado al entorno de la Cátedra.

Uso de recursos públicos y «limbo de poder»

Uno de los elementos más relevantes del auto es la implicación de Álvarez Rodríguez, cuyo salario público, cifrado en 52.282 euros anuales, habría sido destinado a labores exclusivamente privadas para Gómez. Según informes de la UCO, se documentaron "numerosas gestiones consistentes en el envío de correos electrónicos" sobre actividades académicas y empresariales de Gómez, ajenas a funciones institucionales.

El juez califica esta actuación como malversación de caudales públicos, y apunta al concepto de «comisión por omisión», implicando a los superiores jerárquicos que no impidieron este uso de medios públicos, motivo por el cual se incorpora como investigada a González Pedraz.

Respecto al tráfico de influencias, Peinado recoge la doctrina de la Audiencia Provincial de Madrid, que indica que no hay influencia mayor que la ejercida por la esposa del presidente del Gobierno usando estructuras oficiales, lo que generó un «limbo de poder no institucionalizado».

Software registrado a su nombre y firma de documentos técnicos

Otro de los hechos investigados es la apropiación indebida del software desarrollado con financiación pública y privada, que Gómez registró a su nombre como propiedad intelectual. Además, el juez considera probado el delito de intrusismo profesional por haber firmado documentos técnicos sin estar titulada académicamente para ello.

Rechazo a citar a Pedro Sánchez

Las acusaciones solicitaron la comparecencia de Pedro Sánchez, pero el juez Peinado lo rechaza por considerarlo «inútil e impertinente». Según el auto, el presidente del Gobierno se acogió a la dispensa legal del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su anterior declaración, y no aportó información relevante.

«La escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia» motiva que se deniegue su nueva comparecencia, así como la de los Secretarios Generales de Presidencia del Gobierno, solicitada por las acusaciones.

Nuevas diligencias: testigos, correos y pasaportes

Peinado acuerda la citación de testigos como Diego de Alcázar, Miguel Escassi, Juan Carlos Doadrio (12 de noviembre) y otras personas vinculadas a la gestión administrativa de la Cátedra (28 de noviembre). También ordena la citación como investigada de Judith Alexandra González Pedraz para el 12 de noviembre a las 09:30.

Entre las diligencias solicitadas se incluye:

• Entrega de agendas y viajes de las investigadas, analizados por la UCO.

• Aportación de pasaportes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para verificar desplazamientos financiados con dinero público.

• Requerimiento a Miguel Ángel Rodríguez Bueno para entregar correos electrónicos pendientes bajo apercibimiento legal.

• Petición de comunicaciones a empresas como Minsait, Indra, Telefónica, Deloitte y FADEMUR, entre otras, desde 2018 hasta la fecha actual.

Próximos pasos judiciales

El procedimiento avanza hacia la fase intermedia previa al juicio oral, bajo la jurisdicción del Tribunal del Jurado. En Cantabria, aunque no hay implicados directos, este caso despierta interés por sus implicaciones políticas nacionales y por el uso presunto de recursos públicos para fines privados dentro del entorno presidencial.