Jueces y fiscales se rebelan: paro histórico el 11 de junio contra la reforma de Bolaños
El malestar en la carrera judicial y fiscal ha estallado. En un gesto sin precedentes desde 2013, las principales asociaciones profesionales —APM, Francisco de Vitoria, FJI, AF y APIF— han acordado convocar un paro de protesta de diez minutos para el próximo 11 de junio. El objetivo: visualizar su rechazo frontal a las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños y denunciar lo que consideran una peligrosa injerencia del Ejecutivo en la independencia judicial y del Ministerio Fiscal.
El detonante ha sido la tramitación parlamentaria de una reforma estructural del sistema de acceso y desarrollo profesional en ambas carreras, además de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Para el Gobierno, se trata de “una apuesta por la igualdad de oportunidades”. Para los jueces y fiscales, es una “iniciativa regresiva que politiza la Justicia, debilita la carrera fiscal y vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e independencia”.
Una reforma bajo fuego cruzado
El Consejo de Ministros dio luz verde recientemente al proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de ambas carreras, presentado por Bolaños como una modernización largamente esperada. Pero para las asociaciones judiciales y fiscales, supone un “atajo político” para incorporar jueces y fiscales sustitutos sin oposición, abriendo la puerta “a nombramientos por afinidad y no por méritos”.
También critican que se refuerza de forma injustificada el poder del fiscal general del Estado, actualmente investigado por el Supremo, y no se establecen los necesarios contrapesos internos si finalmente se le otorga la instrucción de causas penales, como planea el Gobierno.
Acciones coordinadas y presión europea
En paralelo al paro del 11 de junio —que servirá como termómetro para una posible huelga general—, los firmantes han acordado activar los canales europeos, remitiendo informes a la Comisión de Venecia y al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). La intención: demostrar ante los organismos internacionales que estas reformas suponen una amenaza directa al Estado de Derecho español.
Reclaman a Bolaños que retire el anteproyecto del Estatuto Fiscal y que abra un proceso de diálogo real con todas las asociaciones profesionales, algo que, según denuncian, hasta ahora no ha ocurrido.
El mensaje es claro
El paro no solo va dirigido al Gobierno. También es una advertencia al Parlamento. Las asociaciones están dispuestas a intensificar su movilización si sus reclamaciones no son atendidas. Por ahora, los colectivos progresistas se han descolgado de la protesta, pero el descontento crece a pie de juzgado.
El 11 de junio veremos si esos diez minutos de silencio se convierten en el primer paso hacia un nuevo pulso institucional entre el poder judicial y el Gobierno. En el epicentro, una cuestión clave: ¿quién garantiza la independencia del sistema de justicia en España?
