En una rueda de prensa extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Leganés, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció en respuesta a las acusaciones de la Fiscalía de Madrid, que ha denunciado a su pareja, Alberto González, por un presunto fraude fiscal cifrado en 350,951 euros. En un giro inesperado, Ayuso aseguró que el Departamento de Hacienda mantiene una deuda pendiente con González por un monto aproximado de 600,000 euros.

Desde el escenario municipal, la mandataria madrileña denunció lo que considera una campaña de desprestigio orquestada desde el Palacio de la Moncloa con el objetivo de minar su posición política. Ayuso, en tono enérgico, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar inmerso en la corrupción política y económica, insinuando que la solicitud de su dimisión es un intento de desviar la atención de las controversias que rodean al propio Sánchez.

La dirigente regional, visiblemente molesta, aseveró que Sánchez busca su destrucción personal para encubrir lo que ella denominó "el escándalo de la ley más corrupta de la democracia". Ayuso expresó su convicción de que Sánchez se encuentra sentado sobre cuestiones de corrupción, afirmando que ninguna dimisión solicitada podrá opacar la presunta situación comprometedora en la que se halla el presidente del Gobierno.

En cuanto a la denuncia de fraude fiscal contra su pareja, Ayuso calificó la acción de la Fiscalía de Madrid, presidida por un ex alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como una "inspección fiscal salvaje" diseñada para retrasar el pago que, según la presidenta, Hacienda adeuda a González. La líder madrileña subrayó que se trata de una inspección sin fundamentos y recalcó que su pareja es un "particular anónimo", agregando con ironía que a su próximo novio le exigirá un exhaustivo escrutinio.

En cuanto a las acusaciones vertidas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la supuesta adquisición fraudulenta de un piso, Ayuso desmintió categóricamente las afirmaciones. La presidenta aclaró que la propiedad en cuestión no es suya, sino que está hipotecada y registrada notarialmente. Además, arremetió contra políticos socialistas, desvinculándose de prácticas cuestionables al asegurar que su transacción inmobiliaria se ajusta a la legalidad.

Ayuso, haciendo énfasis en su libertad individual, defendió la elección de su forma de vida y destacó que ha vivido dos décadas en alquiler. Con respecto a los contratos empresariales de su pareja con la Administración que ella preside, Ayuso afirmó rotundamente que no existe "un solo contrato con la Comunidad de Madrid". En un tono crítico, acusó a quienes están detrás de lo que considera una persecución política, describiendo la situación como un escenario turbio que se ha gestado a través de filtraciones coordinadas.

En un llamado a la reflexión dirigido a Sánchez, Ayuso sugirió que el presidente del Gobierno debería considerar unas vacaciones en República Dominicana, haciendo una referencia velada a los vínculos de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con la aerolínea Air Europa. La presidenta concluyó expresando su indignación ante lo que considera una vulneración de la privacidad, denunciando la filtración de datos personales desde "todos los poderes del Estado" con el objetivo de desacreditarla políticamente.