La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este sábado dispuesta a ceder con la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, con tal de tener «una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva contra ella, a reformarla y, si es necesario, a subir algunas penas».

En el mitin de presentación de candidaturas en Murcia, Montero ha reconocido estar lista para modificar algunos aspectos de la contestada norma, por hacerse «cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas y de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares y también de la preocupación social», pese a que como ha señalado en días previos no hay un acuerdo con el PSOE para esa reforma, con el que la parte morada del Gobierno de coalición tiene «una discrepancia fuerte» sobre ella.

«Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo -ha afirmado- porque sé que la ley está bien hecha, entre otras cosas, porque la hicimos mano a mano con el ministerio competente para las reformas penales, el de Justicia de Juan Carlos Campo, con un equipo excelente, y sé que es una ofensiva de sectores reaccionarios, como la de 2004» contra la ley integral contra la violencia machista aprobada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

A este respecto, la ministra ha tirado del argumentario de los dirigentes morados al recordar que al igual que con la ley del solo sí es sí «la mayoría de jueces no han rebajado las penas, una minoría la ha aplicado mal», como cuando con la ley de Zapatero «se paralizó el procesamiento en 187 ocasiones, hasta que el Tribunal Constitucional resolvió el recurso contra ella y hubo un 158 por ciento de incremento de los sobreseimientos,Todas esas mujeres quedaron sin protección. Esto también es memoria», ha dicho.

El consentimiento ha llegado «para quedarse»

Pero a lo que no está dispuesta a ceder quien ha hablado de presiones «muy fuertes», es a que esa preocupación social y de las victimas termine con el «retroceso» al esquema penal anterior de demostrar la violencia y la intimidación, pues «el consentimiento ha llegado para quedarse», ha remarcado.

En opinión de Montero, el trabajo fundamental contra las violencias sexuales es poner más psicólogas y trabajadoras sociales en la calle, porque solo un 8 % de las víctimas denuncian y el 92 % restante no lo hace por miedo o por considerar que no ha sido para tanto.

Según la ministra, con ser muy importante que el Código Penal sea feminista, esas violencias se combaten también con viviendas para maltratadas, una respuesta social fuerte para tenderles la mano e identificar situaciones como tocamientos de familiares en la infancia, forzamientos de amigos o conocidos, agresiones sexuales dentro del matrimonio, o que «si te violan y vas al hospital, te recojan las muestras aunque no hayas denunciado, porque lo primero son las víctimas». ha añadido.

Irene Montero se ha referido al «calvario probatorio» que supone demostrar las marcas físicas de la violencia en el cuerpo de estas mujeres, y ha subrayado que sin consentimiento «es agresión sexual aunque no haya resistencia, porque también hay violencia, y eso es lo que toca defender ahora ante las presiones» .

Presiones que para la ministra quieren voltear que la pregunta ahora sea «si consentiste, no si resististe, y eliminar la que se traslada de la víctima al agresor, a quien se le interroga: «¿Te aseguraste de que hubo convencimiento?».

Montero ha dicho que ha sido el PP el que ha impulsado esta ofensiva contra las feministas al decirles que «han llegado muy lejos», pero a su juicio lo que ha ocurrido es que ya han «esperado suficiente», tras remarcar que no habrá «ni un paso atrás» ante su propuesta de reforma con el apoyo de los votos de un partido que deja «tiritando» los presupuestos contra la violencia machista, mete en los gobiernos a quienes la niegan y dificulta el aborto.