En un giro revelador para el escenario político, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha arrojado luz sobre la presunta falta de transparencia en el proceso de adjudicación de contratos de suministro de mascarillas por parte del Gobierno. La sombra de la controversia se extiende sobre la elección del proveedor, Soluciones de Gestión, planteando interrogantes sobre las prácticas de contratación y la posible implicación de altos funcionarios en actos irregulares.

La denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción destaca la opacidad que rodea la selección de Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas, un tema que ha sido objeto de escrutinio en medio de las crecientes preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de contratos gubernamentales, especialmente en el contexto de la pandemia.

El contrato en cuestión, por un valor de 3,5 millones de euros, fue adjudicado por la Secretaría de Estado de Seguridad, entidad dependiente del Ministerio del Interior. La revelación de que esta adjudicación se llevó a cabo tras conocer que el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de José Luis Ábalos en ese momento, había establecido una línea de compra y abastecimiento, plantea cuestionamientos sobre la influencia y la cadena de decisiones que llevaron a esta elección específica.

La documentación proporcionada en respuesta a un requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en enero de 2022, no ha logrado disipar las dudas sobre las circunstancias que rodearon la decisión de adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión. La falta de claridad en cuanto a las comunicaciones con la empresa investigada y la ausencia de detalles sobre cómo se alcanzaron las condiciones de adjudicación son elementos que la Fiscalía Anticorrupción resalta en su denuncia.

El papel desempeñado por Koldo García, asesor del exministro Ábalos, también ha surgido en el contexto de esta investigación. La denuncia se basa en una serie de contratos, 13 en total, presentados por el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid en 2022. La mayoría de estos expedientes fueron archivados por la Fiscalía Anticorrupción debido a la ausencia de delitos, excepto aquellos que señalaban a Soluciones de Gestión como el proveedor.

La trama de corrupción, según la denuncia, estaría vinculada a tres contratos específicos. El primero fue otorgado por Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020, por un valor total que superaba los 20 millones de euros. El segundo, que ascendía a más de 12,5 millones de euros, fue adjudicado por ADIF el 27 de marzo del mismo año. El tercer contrato, de 3,5 millones de euros, fue otorgado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 20 de abril de 2020.

La Fiscalía Anticorrupción subraya la estrecha proximidad temporal entre la publicación de las órdenes relacionadas con la adquisición y distribución de material sanitario y la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión. Este detalle, según la denuncia, sugiere un posible concierto previo entre los responsables de la empresa y las autoridades, cuestión que se habría extendido a contratos con otras compañías.

La investigación ha desentrañado que la trama vinculada a Koldo García obtuvo ocho contratos públicos por un valor total de 53 millones de euros, no solo del Gobierno central sino también de los gobiernos regionales de Baleares y Canarias. Se estima que Soluciones de Gestión pudo haber obtenido beneficios cercanos al 32%, una vez deducidos los pagos a proveedores y los costos de traslado de las mascarillas a España.

El jueves pasado, Koldo García y otros tres individuos fueron citados para declarar ante la Audiencia Nacional en relación con estos contratos. En una decisión que ha generado controversia, todos se acogieron al derecho de no declarar y fueron puestos en libertad después de que la Fiscalía no solicitara prisión provisional, argumentando la falta de riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de reiteración delictiva. Sin embargo, se impusieron medidas cautelares, incluida la retirada de pasaportes y la obligación de comparecer periódicamente.

La investigación sigue su curso, y el escrutinio sobre la transparencia en la adjudicación de contratos de suministro de material sanitario por parte del Gobierno promete generar más atención en los próximos días. La incertidumbre y las dudas sobre la integridad del proceso de contratación arrojan sombras sobre la gestión gubernamental en un momento crucial para la salud pública y la confianza ciudadana.