La inversión en Defensa, a la cola en España: Sánchez enfrenta otra crisis con sus socios
Pedro Sánchez promete cumplir con el 2% del PIB en Defensa, pero su Gobierno enfrenta la oposición de sus socios | El debate sobre el gasto militar en España revela divisiones políticas y una falta de estrategia clara
El anuncio del presidente Pedro Sánchez de que España cumplirá con su compromiso de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB antes de 2029 es, en principio, una decisión lógica dentro del actual contexto geopolítico.
Rusia ha vuelto a ser una amenaza activa en Europa, la guerra en Ucrania continúa sin una resolución a la vista y Estados Unidos ha dejado claro que la seguridad europea debe financiarse desde Europa.
Pero el problema de fondo no es si España debe aumentar su inversión en Defensa y Seguridad—eso no es una cuestión de ideología, sino de supervivencia estratégica—. La cuestión es si el Gobierno de Sánchez tiene una estrategia realista para hacerlo o si se trata, una vez más, de un compromiso retórico diseñado para aplacar a sus aliados internacionales mientras navega las turbulencias de su frágil coalición.
El compromiso con la OTAN y la resistencia de los socios de Sánchez
Desde la cumbre de la OTAN en Madrid (2022), el compromiso del 2% del PIB en Defensa ha sido una exigencia constante de los aliados, especialmente de Estados Unidos y de los socios europeos más comprometidos con la seguridad colectiva, como Francia, Alemania y Polonia.
El problema para Sánchez es que su Gobierno de coalición está dividido en esta materia:
- PSOE y Moncloa han asumido que la presión internacional no les deja alternativa. Sánchez quiere evitar que España quede marginada en los foros de seguridad europeos y pretende que la inversión en Defensa incluya ciberseguridad y control de fronteras para ampliar su margen de maniobra.
- ERC, BNG, Bildu y Podemos han expresado su rechazo total, organizando un frente común contra el aumento del gasto militar. Su argumento: ya se gasta demasiado en Defensa y España tiene otras prioridades sociales.
- Sumar, bajo la ambigua dirección de Yolanda Díaz, intenta mantener una postura equidistante, rechazando la inversión militar pero sin romper con el Gobierno.
El resultado es un Gobierno atrapado en su propia coalición, prometiendo a Bruselas y a la OTAN lo que sus socios en España rechazan frontalmente.
El problema estructural: España y el gasto militar en perspectiva
A pesar de la retórica, España sigue lejos del 2% del PIB en gasto militar. En 2023, la inversión en Defensa fue de un 1% del PIB, situando al país en el grupo de los aliados con menor compromiso financiero dentro de la OTAN.
Comparación del gasto en Defensa en Europa (2024, % del PIB):
- Polonia: 3,9%
- EE.UU.: 3,5%
- Reino Unido: 2,2%
- Francia: 2%
- España: 1%
Desde 2018, España ha aumentado su inversión en Defensa en un 62%, pero sigue estando muy por detrás de lo que los aliados consideran aceptable.
La pregunta clave es cómo financiar el aumento. Sánchez no ha explicado si buscará un nuevo marco presupuestario, si intentará reorganizar partidas de otros ministerios o si recurrirá a acuerdos de inversión privada en la industria de defensa.
Lo único que ha adelantado Moncloa es que explorará fórmulas para evitar el control del Congreso en ciertas partidas militares, una medida que, si bien pragmática, podría provocar un nuevo conflicto con sus socios parlamentarios.
¿Realismo o maniobra política?
El Gobierno tiene dos posibles estrategias:
-
Compromiso realista:
- Rediseñar el presupuesto y establecer una hoja de ruta clara para alcanzar el 2% del PIB en Defensa de forma escalonada.
- Ampliar el concepto de gasto en Defensa para incluir ciberseguridad, inteligencia artificial y control de fronteras.
- Lograr un acuerdo con el PP para asegurar estabilidad legislativa en este ámbito.
-
Maniobra política:
- Dilatar el aumento del gasto con debates internos y ajustes contables hasta que la presión internacional sea insostenible.
- Utilizar la retórica del compromiso sin medidas concretas, manteniendo contentos a sus socios de coalición mientras promete a Bruselas que España cumplirá.
- Dejar el problema para el siguiente Gobierno y asegurar que, cuando llegue el momento de decidir, sea otro Ejecutivo quien asuma el coste político.
A juzgar por la falta de detalles en la estrategia de Moncloa, todo apunta a que el camino elegido se encuentra más cerca de la segunda opción que de la primera.
Las consecuencias: lo que está en juego
Si España no cumple con sus compromisos con la OTAN, las repercusiones podrían ser serias:
- Pérdida de influencia en las decisiones estratégicas de seguridad en Europa.
- Mayor presión de EE.UU. y la UE para que asuma su parte del esfuerzo militar.
- Deterioro de la confianza en la política de defensa española dentro de la OTAN.
En un mundo donde la seguridad se ha convertido en un bien escaso, España no puede permitirse seguir en el furgón de cola de la inversión en defensa mientras se beneficia del paraguas militar de sus aliados.
