Interior esquiva el expediente al ex número dos de la Policía
El Ministerio del Interior no abrirá expediente disciplinario al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por presunta agresión sexual a una subordinada, tras su dimisión y pase automático a la jubilación.
El alto mando, de 66 años, no continuará en activo pese a la reforma legal aprobada por el Gobierno en 2024 que prorrogaba la edad de jubilación hasta los 67 años. Según fuentes policiales, la normativa vinculaba su permanencia en el servicio activo al mantenimiento del cargo de DAO, por lo que al cesar en sus funciones pasará automáticamente a la situación de jubilado, según publica VozPopuli.
Sin vía disciplinaria en la Policía
Al dejar de ser funcionario en activo, el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional no podrá iniciar ningún procedimiento interno contra él. La única vía que queda abierta es la judicial, en el marco de la denuncia presentada ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 9 de Madrid.
El comisario principal está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo, fecha en la que también comparecerá la denunciante.
De haberse mantenido en activo, la presunta agresión sexual podría haber sido considerada falta muy grave, lo que habría permitido su suspensión cautelar hasta una eventual resolución judicial firme.
Reforma legal y jubilación automática
El Real Decreto aprobado en noviembre de 2024 establecía que la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa podía permanecer en servicio activo mientras ostentara el cargo. Una vez producido el cese, debía pasar a la jubilación si superaba la edad ordinaria.
Con su renuncia —que ahora deberá formalizarse oficialmente en el BOE—, se activa ese mecanismo automático. Además, al no estar ya en activo, la Abogacía del Estado no podrá asumir su defensa, por lo que deberá contar con representación letrada privada.
Investigación interna por presuntas coacciones
Interior sí podrá actuar contra el comisario Óscar San Juan, hasta ahora asesor del DAO, cesado por supuestas coacciones a la denunciante para que no presentara la denuncia. El ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó abrir una información reservada para esclarecer esas presiones.
Mientras tanto, la comisaria principal Gema Barroso ha asumido de forma interina la jefatura operativa. El caso mantiene la presión política sobre Marlaska, en un contexto en el que la oposición exige responsabilidades por la gestión de la crisis.
