Interior blinda a Cerdán en prisión: la UCO queda fuera del control de visitas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido dejar de informar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las visitas que recibe Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real, donde permanece en situación de prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Así lo ha comunicado el secretario general, Ángel Luis Ortiz, al Tribunal Supremo, en una carta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La decisión se produce tras una providencia del juez Leopoldo Puente, que deja sin efecto la orden de colaboración con la UCO sobre este punto. La unidad de élite de la Guardia Civil había solicitado conocer quién visita a Cerdán, y cuándo, preferiblemente antes de que esas visitas se produzcan. En caso contrario, pedía ser informada a la mayor brevedad posible, incluso en el caso de encuentros con abogados, alegando interés judicial sin vulnerar el contenido confidencial de dichas comunicaciones.
Rechazo judicial a la petición de la UCO
En su escrito del 3 de julio, la UCO subrayaba que el interés se centraba exclusivamente en la identidad y el momento de las visitas, no en el contenido de las mismas. Sin embargo, tras elevarse la petición al juez instructor, este respondió el pasado viernes que Instituciones Penitenciarias debía actuar conforme a “criterios normativos propios”, dejando así sin obligación directa la entrega de dicha información a los agentes.
Con este movimiento, Interior interrumpe una colaboración clave para el seguimiento judicial de la trama en la que Cerdán es considerado una figura con “cierta preeminencia”, implicado en un entramado de comisiones ilegales ligadas al amaño de contratos públicos.
“Un atropello” según la defensa
Los abogados de Santos Cerdán han criticado abiertamente la petición de la Guardia Civil, calificándola de “atropello” y valorando incluso solicitar amparo ante el Colegio de Abogados. En la vista celebrada este martes ante la Sala de Apelaciones del Supremo, la defensa ha argumentado que el ex secretario de Organización del PSOE es víctima de una “presunción de indecencia” y ha solicitado su puesta en libertad. La Fiscalía y las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, se han opuesto a la medida.
El abogado de Cerdán también ha cuestionado la proporcionalidad de la prisión provisional, señalando que el supuesto riesgo de destrucción de pruebas podría haberse neutralizado mediante la incautación de su teléfono móvil, aún en poder de su familia, o a través de un registro domiciliario, que nunca se solicitó. Cerdán, además, había informado previamente que abandonaría su vivienda a finales de julio por expiración del contrato de alquiler.
Material clave aún pendiente de análisis
El juez Puente ha ordenado un informe pericial sobre los audios de Koldo García que motivaron el encarcelamiento del exdirigente socialista. Sin embargo, se ha negado a facilitar una copia íntegra del material sonoro alegando que aún no ha sido incorporado completamente a la causa. Según los datos técnicos, los dispositivos intervenidos contienen más de 10 terabytes de información, lo que equivaldría a 65 millones de páginas en formato papel.
Mientras tanto, el cerco judicial sobre el caso de corrupción que salpica al PSOE sigue creciendo, y las fricciones entre Interior, la Guardia Civil y el ámbito judicial dibujan un escenario de alta tensión institucional. El bloqueo a la UCO en la cárcel de Soto del Real no solo alimenta la opacidad en torno al trato penitenciario de Cerdán, sino que también reabre el debate sobre la independencia operativa de las fuerzas de seguridad ante presiones políticas.
