En el marco de una investigación exhaustiva, se han destapado nuevas irregularidades en los contratos de suministro de mascarillas en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. La empresa en el epicentro de la controversia, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, se encuentra ahora bajo escrutinio por su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción ha desvelado que Soluciones de Gestión impuso costos adicionales a los departamentos de salud de los gobiernos regionales, liderados en ese momento por Francina Armengol y Víctor Torres. Los gastos en cuestión incluyen fletes, transporte y seguros asociados al traslado de las mascarillas a las islas, y sorprendentemente, estos costos se habrían cubierto utilizando fondos provenientes de la Unión Europea.

Tanto la Fiscalía Especial contra la Corrupción como la Fiscalía Europea han iniciado investigaciones independientes sobre los contratos financiados con dinero de la Unión Europea, centrándose específicamente en las adjudicaciones realizadas en Canarias y Baleares. Los detalles minuciosamente analizados por THE OBJECTIVE han revelado que el Gobierno canario habría efectuado cuatro pagos a la empresa vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, totalizando una suma de 447.000 euros por fletes, transporte y seguros asociados a seis lotes de mascarillas. Paralelamente, el Gobierno balear, bajo la presidencia de Armengol, asumió los costos extras de fletes y seguros por el traslado de 1,48 millones de mascarillas desde Madrid a Palma, con un costo total de 3,7 millones, incluyendo extras de más de 56.700 euros.

Este nuevo capítulo en la investigación ha desvelado que los sobrecostes no pasaron desapercibidos para la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares. En un informe datado en octubre de 2020, el organismo independiente alertó sobre algunos detalles concernientes a la adjudicación a Soluciones de Gestión. El informe destacaba que antes del estado de alarma nunca se habían adjudicado contratos a la empresa, implicada en una trama que tiene como uno de sus ejes al exasesor de Ábalos.

El documento resaltaba la falta de desglose del precio unitario de las mascarillas en la factura presentada por Soluciones de Gestión. Aunque constaba una única factura por 3,7 millones de euros, la Plataforma de Contratación revelaba la existencia de otro contrato de servicios de gestión por un importe de 56.715 euros, equivalente al 1,5% del monto total de la factura de suministro de material.

Según las alegaciones, Soluciones de Gestión contactó con el IBSALUT para informar sobre el envío de un avión repleto de mascarillas FFP2, proponiendo que, si había interés, la empresa se encargaría del transporte hasta Palma. Sin embargo, la condición era que el IBSALUT asumiera los gastos del flete y el seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Una vez revisada la documentación técnica y ajustado el precio al que se estaba pagando por las mascarillas FFP2, se encargaron 1.480.600 mascarillas, según indicaba el informe.

La trama de corrupción que involucra a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL no solo ha puesto bajo la lupa a la empresa proveedora, sino que ha llevado a detenciones notables. Koldo García, ex mano derecha de Ábalos, ha sido detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Además del exministro, la trama ha salpicado al Ministerio del Interior, los gobiernos de Baleares y Canarias, y organismos dependientes de Transportes, como Adif y Puertos del Estado, quienes también habrían adjudicado contratos millonarios a Soluciones de Gestión. Estos contratos superan los 53 millones de euros, siendo una parte significativa financiada con fondos europeos.

Cabe destacar que la empresa zaragozana, antes de recibir estos cuantiosos encargos gubernamentales, no había tenido historial de contratos con las administraciones. Sin embargo, en el inicio de la pandemia, Puertos concedió a la empresa, que contaba con apenas cuatro trabajadores, la suma considerable de 24,2 millones de euros. Posteriormente, bajo las presidencias de Torres y Armengol, se otorgaron contratos a dedo por más de 15,8 millones de euros a Soluciones de Gestión.

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, justificó la adjudicación a Soluciones argumentando que fue Ábalos quien recomendó contratar con esta empresa. Interior pagó 3,5 millones, y al igual que en los contratos anteriores, la adjudicación fue a dedo.

Después del notable éxito económico experimentado por Soluciones de Gestión en 2020 con la fiebre de las mascarillas, los beneficios de la empresa se desplomaron en 2021. A pesar de embolsarse 3,9 millones de euros netos durante el primer año de la pandemia, las ventas de la empresa se redujeron drásticamente en un 96% un año después. De los dos millones de euros facturados en total por Soluciones de Gestión en 2021, casi 1,4 millones corresponden al suministro de mascarillas. Aunque el 70% de sus ingresos aún provienen de contratos públicos, el monto total está muy lejos de los 53,1 millones de euros facturados por el mismo concepto en 2020.

A pesar de la reticencia de la empresa a revelar detalles sobre sus operaciones de suministro de material sanitario en 2021, se ha conocido que Soluciones de Gestión se vio obligada a reponer un lote de más de 800.000 mascarillas ese año. Estas mascarillas fueron catalogadas como "no aptas" por el Gobierno autonómico de Canarias, generando dudas sobre la idoneidad del material suministrado.

El alcance de esta trama de corrupción ha llevado a cuestionamientos profundos sobre la integridad de los procesos de contratación pública y el uso de fondos europeos destinados a hacer frente a la crisis sanitaria. A medida que se desarrollan las investigaciones y se destapan más detalles, la necesidad de una rendición de cuentas transparente y medidas anticorrupción efectivas se vuelve más apremiante. La sociedad y los organismos de control exigen respuestas concretas y acciones contundentes para restaurar la confianza en la gestión gubernamental y la asignación de recursos en momentos críticos como la pandemia.