Un informe maquillado: así se camufló la ventaja de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Cuando una administración pública manipula sus propios procedimientos para garantizar un resultado predeterminado, el daño no se limita al caso concreto. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la credibilidad del sistema de acceso al servicio público, la igualdad ante la ley y el principio rector del mérito como fundamento de toda función administrativa en una democracia liberal.

Según revelaciones documentadas por OKDIARIO, la Diputación de Badajoz habría alterado informes de valoración para facilitar —con notoria ventaja— el acceso de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a un cargo de alta dirección como Coordinador de Actividades de los Conservatorios. La gravedad no radica únicamente en la manipulación en sí, sino en la sistematicidad, el conocimiento previo y la intención deliberada de falsear el resultado.

Dos informes, un solo resultado deseado

Correos electrónicos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan la existencia de dos versiones diferentes del informe de evaluación, con puntuaciones dispares asignadas a los candidatos. En ambas, sin excepción, David Sánchez aparece como el mejor valorado, y no de manera marginal, sino con una distancia difícil de justificar salvo por un sesgo voluntario.

En uno de los documentos, todos los aspirantes —excepto Sánchez— son descartados por supuesta falta de aptitudes directivas. En el segundo, ya oficializado, varios candidatos reciben evaluaciones más favorables. Pero incluso allí, la figura del hermano del presidente se presenta con una brillantez casi hagiográfica, con valoraciones que van más allá de la objetividad técnica para adentrarse en una retórica de admiración: “completo currículo vitae”, “altísimo nivel de idiomas”, “director de orquestas internacionales”, etc.

No se trata de una defensa del mérito. Se trata de una escenografía de mérito diseñada para ocultar una decisión ya tomada.

Un procedimiento simulado

La alteración de la puntuación de otro candidato, Nerses Avakimyam —quien en un informe recibió 70 puntos y en otro solo 65, reduciendo su experiencia en dirección de orquesta de 10 a 5 puntos—, confirma la intencionalidad del ajuste. Aquí no hay error administrativo: hay voluntad política.

Más aún, la cronología confirma la presunción. El 26 de junio de 2017, un día antes de su entrevista para el puesto, David Sánchez ya buscaba una vivienda en Badajoz para instalarse allí por trabajo, según consta en una solicitud a través de Airbnb. Esto sugiere un conocimiento anticipado del resultado del proceso, lo que refuerza la tesis judicial de que “el puesto fue creado para él”.

La juez Beatriz Biedma ha sido contundente: el cargo era “innecesario” y el procedimiento de selección, amañado. La investigación continúa, y Sánchez ha sido citado a declarar nuevamente el 25 de abril.

El principio traicionado

Este caso, por su simbolismo y su diseño, representa una amenaza sistémica al principio del mérito en la función pública. La tentación de convertir el Estado en un instrumento de consolidación familiar o política ha sido históricamente el principio de degradación de regímenes democráticos en sistemas clientelares.

Lo peligroso no es el nepotismo. Lo verdaderamente corrosivo es su naturalización. El hecho de que estas maniobras se ejecuten desde gobiernos regionales, en pleno conocimiento de los actores involucrados, y con el silencio o el consentimiento de instancias superiores, señala un grado de connivencia institucional que debe preocuparnos.

En una democracia constitucional, los cargos públicos no pertenecen a nadie. Se accede a ellos no por cercanía al poder, ni por apellido, sino por mérito, capacidad y neutralidad. Esa es la promesa del Estado moderno. Cuando se quiebra esa promesa, lo que se rompe no es solo un procedimiento: es la confianza del ciudadano en el sistema.

Podría decirse que este episodio es uno más en una larga lista de episodios. Pero esa sería una lectura ingenua. Lo que aquí se delata es una cultura del poder donde lo público se privatiza simbólicamente, donde los principios son retóricos y los procedimientos son formalidades al servicio de una voluntad ya decidida.

Los antiguos griegos no temían a la tiranía por su brutalidad, sino por su capacidad de convertir lo público en patrimonio personal. El caso David Sánchez no es anecdótico. Es emblemático. Y como tal, exige una reacción proporcional: judicial, política y, sobre todo, ciudadana.