El gobierno español ha propuesto una ley de amnistía que abarcaría todos los actos llevados a cabo con el objetivo de obtener la independencia de Cataluña en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Esta propuesta, que ha sido objeto de intensos debates y opiniones encontradas, incluye de manera explícita "los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017". Ambas consultas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Un punto crucial de la discusión gira en torno a la amnistía para actos contables, especialmente considerando los procedimientos en curso en el Tribunal de Cuentas relacionados con gastos vinculados a las consultas de 2014 y 2017. En el caso del simulacro de consulta del 9N, el Tribunal de Cuentas condenó en 2018 al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a nueve miembros de su Gobierno a devolver a la Generalitat más de 4.9 millones de euros, además de un millón adicional por intereses devengados, totalizando aproximadamente seis millones de euros.

Es relevante señalar que la mitad de esa suma fue aportada por la llamada "caja de resistencia", conformada por donaciones anónimas de ciudadanos simpatizantes de la causa independentista. En cuanto al resto del dinero, los implicados en el "procés" realizaron otras contribuciones económicas hasta cubrir la totalidad de la multa. Sin embargo, la ley en discusión establece que "la amnistía de un acto determinante de responsabilidad penal, administrativa o contable no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase, ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor de persona alguna. Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa". Esta disposición, en principio, impide que los condenados por el 9N recuperen los seis millones de euros.

Expertos consultados destacan la complejidad de devolver esa suma, especialmente considerando que la mitad provino de donaciones anónimas difíciles de identificar. Además, plantearía problemas tributarios para los involucrados, quienes deberían declarar un incremento patrimonial que debería haber sido informado en sus declaraciones de renta. A pesar de estas consideraciones, se encuentra en fase de debate de enmiendas, y Junts ha presentado una propuesta que busca eliminar la disposición que prohíbe la restitución económica de multas.

Otro aspecto de relevancia afectado por esta propuesta legislativa es el desvío de fondos públicos para la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la acción exterior de la Generalitat relacionada con el procés. Este asunto involucra a una treintena de encausados, incluyendo a expresidentes como Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, exconsejeros y exaltos cargos del Govern y del Diplocat.

La demanda inicial del Ministerio Público apuntaba a 35 ex cargos por 3.4 millones de euros, pero posteriormente excluyó a algunos y redujo su petición económica a 3.1 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, dirige su acción contra 11 antiguos miembros del Govern, a quienes reclama 5 millones de euros. En caso de ser condenados antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, la cantidad máxima que podrían ser multados sería la solicitada por la entidad, es decir, cinco millones de euros.

Aunque aún no han sido condenados, algunos encausados han tenido que abonar fianzas, cubiertas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), es decir, la propia Generalitat. Por lo tanto, en este punto del proceso, esta sería la única cantidad sujeta a devolución en el marco de una amnistía.

Cabe destacar que, recientemente, el Tribunal de Cuentas rechazó suspender la causa del 1 de octubre y de la acción exterior de la Generalitat. Argumentó que, por un lado, se desconocen los términos de la ley de amnistía y, por otro lado, aún está pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. De esta manera, el órgano denegó la petición de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y otros siete encausados.

Esta propuesta de ley de amnistía ha generado un intenso debate político y jurídico, con distintas posturas en relación con sus alcances y consecuencias. Mientras algunos la ven como una oportunidad para cerrar heridas y avanzar hacia la reconciliación, otros la critican por la falta de claridad en su redacción y por los posibles efectos colaterales en la rendición de cuentas y la justicia financiera. La incertidumbre persiste sobre si la ley se aprobará en su forma actual o sufrirá modificaciones sustanciales durante el proceso legislativo.