Incendios descontrolados y un Ejecutivo paralizado: siete días sin solicitar refuerzos autonómicos

Los incendios forestales del verano de 2025 han desencadenado una de las crisis ambientales y logísticas más graves de la historia reciente de España. Con más de 360.000 hectáreas calcinadas, al menos cuatro víctimas mortales y decenas de miles de personas evacuadas, la emergencia ha dejado al descubierto una alarmante falta de previsión, una respuesta estatal tardía y un escenario político marcado por la confrontación y la deslealtad institucional.

Según el reportaje publicado en El Mundo, el Gobierno central —a través de la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior— tardó una semana entera en solicitar formalmente ayuda terrestre a las comunidades autónomas no afectadas. Este retraso en activar la asistencia interterritorial, sumado a una serie de errores burocráticos y comunicaciones contradictorias, ha sido uno de los elementos más criticados por expertos, autoridades regionales y profesionales del sector de emergencias.

Un arranque lento, confuso y sin liderazgo claro

La cronología revela una falta de reflejos operativos preocupante. La situación comenzó a deteriorarse el domingo 10 de agosto, pero no fue hasta el lunes 11 cuando el Ejecutivo decidió activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, una herramienta ya utilizada en crisis anteriores como la pandemia de la COVID-19 o la dana de 2023. A pesar de esta activación, la emergencia no fue formalmente declarada hasta el 12, y los medios estatales y europeos no comenzaron a llegar de forma fluida y masiva al terreno hasta el domingo 17, una semana después.

Durante ese lapso, las comunidades más afectadas —Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura— tuvieron que improvisar. Se vieron desbordadas por la magnitud de los fuegos y por la ausencia de una respuesta coordinada a nivel nacional. La Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba disponible, pero no fue movilizada eficazmente hasta bien entrada la segunda semana de crisis.

Errores de comunicación y burocracia paralizante

La ineficiencia en las comunicaciones entre el Gobierno y las comunidades alcanzó un nivel preocupante. Entre el 15 y el 17 de agosto, en plena fase crítica de los incendios, se intercambiaron al menos 14 correos electrónicos entre administraciones para intentar coordinar los recursos. Una gestión que debería haberse regido por protocolos automatizados acabó dependiendo de emails mal redactados, rectificaciones a última hora y, en algunos casos, errores de destinatario o de contenido.

Por ejemplo, el correo enviado el viernes 15 a las 18:54 horas pedía ayuda terrestre para la “zona noroeste peninsular”, pero tuvo que ser rectificado dos veces en apenas ocho minutos. A las 18:58 se envió una corrección por "error de ámbito geográfico" y a las 19:02 se remitió una versión definitiva eliminando la referencia que dejaba fuera a Extremadura.

Todo ello antes de que las máximas autoridades autonómicas afectadas enviaran sus solicitudes oficiales de ayuda. Castilla y León, Galicia y Extremadura comenzaron a escribir formalmente al Gobierno esa misma noche, entre las 21:22 y las 22:53 horas, evidenciando una clara disfunción en la cadena de mando y responsabilidad institucional.

Choque competencial y vacío legal operativo

Pese a que la situación afectaba simultáneamente a múltiples comunidades autónomas, y por tanto cumplía los requisitos legales para ser considerada de competencia estatal según la Ley de Protección Civil, el Gobierno optó por no activar el nivel 3, que habría puesto al ministro del Interior al frente de la gestión.

En su lugar, se mantuvo la llamada “fase de preemergencia”, que permite al Ejecutivo evitar asumir la responsabilidad directa, dejando a las comunidades en una posición ambigua y vulnerable. Esta decisión ha generado una profunda controversia jurídica y política, al no alinearse con la normativa vigente sobre gestión de grandes emergencias, que confiere al Estado la competencia cuando la crisis supera el ámbito autonómico.

En términos políticos, esta elección fue interpretada por varias regiones como un intento deliberado de eludir responsabilidades y, en la práctica, de trasladar el desgaste político a las administraciones autonómicas, muchas de ellas gobernadas por partidos de la oposición.

Una gestión más mediática que operativa

Durante esos días críticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no interrumpió sus vacaciones en Lanzarote hasta el 17 de agosto, mientras que algunos presidentes autonómicos, como el de Castilla y León, tampoco regresaron de su descanso hasta bien entrada la segunda semana de la crisis. Estos retrasos alimentaron la percepción de un liderazgo ausente y acentuaron la frustración social, especialmente en las zonas más castigadas por el fuego.

Aunque el Gobierno ha presumido de haber movilizado “el mayor contingente de ayuda internacional de la historia”, lo cierto es que parte de los recursos europeos llegaron antes que los nacionales, y algunos, como un avión francés, llegaron a operar solo un día antes de averiarse y ser retirados. Mientras tanto, varias comunidades denuncian que medios del Ejército o Protección Civil estuvieron parados por falta de instrucciones o de transporte.

Una crisis estructural de fondo: descoordinación y desinversión

Más allá del contexto puntual, esta emergencia ha puesto sobre la mesa deficiencias estructurales de largo recorrido. La ausencia de un catálogo nacional actualizado de medios de emergencia, la falta de inversión en prevención (reducida a la mitad entre 2009 y 2022) y la creciente politización de las catástrofes naturales han configurado un escenario de alta vulnerabilidad institucional.

Tal como denuncia Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, lo ocurrido no es una excepción, sino la norma en la gestión de emergencias en España. En sus palabras: «En cada gran emergencia se repite el mismo patrón: improvisación, falta de planificación y ausencia de una coordinación estatal real».

La falta de previsión ha sido otro de los puntos críticos. La desatención de los montes, la parálisis de políticas forestales activas y el abandono de áreas rurales han facilitado que los incendios se propaguen con una violencia sin precedentes, incluso en zonas previamente protegidas. Los recortes en prevención, unidos a la complejidad del modelo autonómico de competencias, han creado un ecosistema de desprotección donde la descoordinación no es un fallo puntual, sino un síntoma estructural.