La decisión se basa en el principio de no retroactividad de las leyes penales más desfavorables. Este archivo también ha sido respaldado por la Fiscalía y se considera que, de lo contrario, se vulnerarían los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Contexto y decisión judicial

La acusación popular, integrada por el Partido Popular y diversas asociaciones de víctimas, argumentaba que el caso no debería prescribir debido a la Ley Orgánica 5/2010, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartó esta interpretación, señalando que no hay base jurídica para aplicar retroactivamente una ampliación de los plazos de prescripción a hechos que no habían prescrito antes de la entrada en vigor de la ley.

Los magistrados también recordaron la importancia de evitar decisiones que vulneren el Estado de derecho, citando el ejemplo de la revocación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Implicaciones para otros exdirigentes de ETA

La resolución afecta solo a 'Anboto', pero los magistrados están pendientes de resolver los recursos presentados por otros exdirigentes de ETA, como Miguel Albisu Iriarte ('Mikel Antza') e Ignacio de Gracia Arregui ('Iñaki de Rentería'). Se espera que el criterio aplicado en el caso de 'Anboto' sea extendido a ellos.

La estructura de ETA y su jerarquía

El juez Manuel García Castellón había procesado a varios exdirigentes de ETA, basándose en la teoría de la autoría mediata por dominio de la organización. Según esta teoría, la dirección de ETA, debido a su estructura jerarquizada y rígida disciplina, tenía control sobre los comandos operativos que llevaron a cabo el secuestro y asesinato de Blanco. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, las acciones de algunos de estos líderes han quedado prescritas, exceptuando casos como el de José Javier Arizcuren ('Kantauri'), cuyo proceso continúa porque fue imputado antes de que prescribiera el delito.

Reacciones y polémica

La decisión ha generado polémica, especialmente entre las asociaciones de víctimas y sectores políticos, que consideran que los crímenes de ETA no deberían prescribir. Covite, una asociación de víctimas del terrorismo, también ha manifestado su rechazo a las decisiones recientes de otorgar tercer grado a etarras no arrepentidos, lo que agrava la percepción de impunidad en estos casos.