El hermano de Pedro Sánchez declaró vivir en Badajoz, pero su tarjeta dice “entre Madrid y San Petersburgo”

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, aseguró en su declaración judicial que residía y trabajaba de forma presencial en Badajoz para la Diputación Provincial. Sin embargo, una tarjeta de visita difundida por él mismo y revelada en exclusiva por El Debate muestra lo contrario: afirmaba vivir “entre Madrid y San Petersburgo (Rusia)”, gestionando sus actividades musicales desde ambas localizaciones.

Este nuevo documento, al que ha tenido acceso el medio, contradice directamente la versión que el músico dio bajo juramento ante la magistrada Beatriz Biedma, que investiga presuntas irregularidades en su contratación como coordinador cultural de la Diputación de Badajoz.

Dos domicilios, fuera de Badajoz

Según El Debate, la tarjeta de visita del hermano del presidente detalla dos "bases de operaciones". La primera en Madrid, en un chalet adosado propiedad de un familiar; la segunda en San Petersburgo (Rusia), en una exclusiva ubicación cerca del Teatro Mariinsky, donde gestionaba sus proyectos musicales. Este último inmueble, como ya adelantó el medio, fue ofrecido por Sánchez en Airbnb bajo el perfil “Hermit”, el mismo con el que trató de alquilar un piso en Badajoz el día antes de su entrevista para obtener la plaza pública.

Esta contradicción entre la versión oficial ofrecida en sede judicial y la información divulgada por él mismo en su tarjeta de presentación forma ahora parte del material clave que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz manejan en su investigación.

Un móvil a nombre de la empresa familiar

De acuerdo con la documentación entregada a la magistrada, El Debate afirma que la UCO ha detectado que uno de los teléfonos usados para gestionar el alquiler del piso en Badajoz estaba registrado a nombre de Playbol S.A., la fábrica de plásticos propiedad de los padres del presidente. Dicha sociedad, ahora explotada bajo el nombre Industrias Plásticas Playbol S.L., recibió un millón de euros en préstamos públicos del ICO durante la pandemia.

Además, el usuario “Hermit” estaba asociado a otros seis teléfonos internacionales, de países como Rusia, Kazajistán, Canadá, EE.UU. y Puerto Rico, lo que refuerza la tesis de que David Sánchez gestionaba su vida profesional desde el extranjero, en aparente contradicción con las condiciones del puesto que ocupa en la Diputación de Badajoz.

Nueva citación judicial

David Sánchez ha sido citado nuevamente a declarar el 25 de abril, al igual que Luis María Carrero Pérez, funcionario de Presidencia del Gobierno y, según El Debate, presunto colaborador del músico en labores personales. La UCO habría documentado —a través del análisis de correos electrónicos— cómo Carrero compaginaba sus funciones públicas con tareas para el hermano del presidente, entre ellas labores de “vigilancia”, supuestamente para evitar que se le siguiera o grabara.

Según la jueza Biedma, Carrero pudo incurrir en un delito de malversación, no solo por trabajar en beneficio de un particular con sueldo público, sino también por la forma presuntamente irregular en que obtuvo su propia plaza en la Diputación.

Claves de la investigación

• David Sánchez afirmó ante la jueza que residía y trabajaba presencialmente en Badajoz, pero la tarjeta de visita publicada por El Debate indica que vivía entre Madrid y San Petersburgo.

• La UCO vincula el perfil con el que trató de alquilar un piso en Badajoz con varios números de teléfono internacionales y con uno registrado a nombre de la empresa familiar que recibió ayudas públicas.

• La vivienda rusa, que en su momento atribuyó a “unos amigos”, estaba bajo su control directo, lo que cuestiona su versión.

• La investigación se amplía a Luis María Carrero, funcionario de Moncloa, por su vinculación operativa con el músico y su presencia en correos internos de la Diputación.

• La UCO y la juez Biedma consideran que podrían haberse cometido delitos de malversación y falseamiento administrativo, relacionados tanto con el acceso a la plaza como con el desempeño de sus funciones.

La causa continúa en fase de instrucción, y la citación del 25 de abril se perfila como clave para aclarar el alcance real de las responsabilidades políticas y administrativas que podrían derivarse de esta trama.