“Hermanísimo”, correos y favores: David Sánchez da explicaciones en la sede judicial

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a comparecer este viernes en calidad de imputado ante la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Esta es su segunda declaración judicial en tres meses, y lo hace por dos nuevos delitos: tráfico de influencias y prevaricación.

La causa, que afecta al entorno más próximo del jefe del Ejecutivo, investiga el posible trato de favor en la contratación de Luis María Carrero, ex asesor de La Moncloa, que habría accedido a un puesto creado a medida en la Diputación de Badajoz para trabajar directamente junto a Sánchez.

A diferencia de su declaración del pasado 8 de enero, cuando evitó ser visto ingresando por el garaje, en esta ocasión David Sánchez ha accedido al juzgado por la puerta principal, poco después de las 9:20 de la mañana. No ha hecho declaraciones ante los medios. Carrero, también imputado, entró minutos antes por la misma vía.

La jornada judicial ha comenzado con la declaración de una de las aspirantes al puesto finalmente otorgado a Sánchez, Cristina Frutos, directora de orquesta, quien ha prestado testimonio como testigo desde las 9:00 horas.

Un funcionario al servicio de un “hermanito”

Según recoge el auto firmado el pasado 13 de marzo por la magistrada instructora, Beatriz Biedma, los correos electrónicos entre David Sánchez y Carrero revelan que ambos daban por hecho la incorporación de este último al puesto semanas antes incluso de que se publicaran las bases oficiales del proceso selectivo.

La jueza destaca también el vínculo personal entre ambos: en sus comunicaciones, Carrero se refiere a David Sánchez como “hermanito”, lo que refuerza la tesis de una relación cercana y continuada, no solo profesional. La investigación señala que Carrero colaboraba ya activamente con Sánchez antes de su nombramiento oficial, lo que podría constituir una ayuda institucional anticipada sin soporte contractual.

En su primera comparecencia, David Sánchez no supo precisar ni su lugar de trabajo ni sus funciones, lo que contribuyó al clima de sospecha. En medio de la creciente presión mediática y judicial, presentó su dimisión el 5 de febrero, tras acogerse a una baja laboral.

De Moncloa a Badajoz

Carrero ejerció, hasta finales de 2023, funciones dentro de la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos de la Presidencia del Gobierno, según consta en su historial administrativo. Su salto a la Diputación de Badajoz, donde actualmente trabaja codo a codo con el hermano del presidente, es ahora objeto de escrutinio judicial.

Para la instructora, hay indicios suficientes de que el puesto fue creado expresamente para él y que se usó la figura de la comisión de servicios para evitar un proceso abierto de selección, lo que, de confirmarse, podría constituir una forma de prevaricación administrativa.

Un círculo bajo la lupa

Además de David Sánchez y Carrero, están citados a declarar Ricardo Cabezas, diputado provincial de Cultura; Manuel Candalija, director del área; y una directora de orquesta que optó al cargo finalmente adjudicado a Sánchez, esta última en calidad de testigo.

La juez también ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe la investigación, profundizando en el proceso de creación de plazas y adjudicación de funciones, así como en las posibles injerencias o manipulaciones desde Presidencia.

¿Un patrón de influencia política?

Este caso se suma a las múltiples investigaciones abiertas que salpican al entorno familiar de Pedro Sánchez, en un contexto judicial que se ha intensificado en las últimas semanas con la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por supuestos tráficos de influencias y malversación de caudales públicos.

La instrucción también se produce en plena polémica por el uso de fondos europeos para actividades vinculadas a programas culturales gestionados por David Sánchez, que habría contado con el apoyo de Carrero para acceder a financiación y proyectos transfronterizos.

La jueza Biedma mantiene abierta la causa por indicios claros de que ambos imputados se beneficiaron mutuamente de su relación personal y de las estructuras institucionales. La declaración de este viernes marca un nuevo capítulo en un caso que amenaza con profundizar aún más las tensiones judiciales y políticas en torno a la figura del presidente del Gobierno.