En una convulsión sin precedentes, la mayoría de los eminentes miembros del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un llamado al presidente interino, Vicente Guilarte, para que convoque una reunión extraordinaria en los próximos tres días. El único punto en la agenda es abordar la inminente amnistía que ha suscitado una oleada de inquietud en el seno de la máxima autoridad judicial. Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona, vocales destacados del CGPJ, han expresado su preocupación en una carta cuyo contenido ha sido obtenido por El Debate.

La amnistía en cuestión, según los ocho firmantes, representa la creación de una élite política legalmente irresponsable e inmune a enjuiciamientos por sus delitos. En vista de los recientes acontecimientos relacionados con la posible legislación de amnistía para los eventos del 'procés' catalán, los firmantes consideran imperativo abordar el asunto de manera franca.

En un comunicado conjunto, advierten que el CGPJ ha estado observando con creciente preocupación las declaraciones de algunos líderes políticos minoritarios, algunos de los cuales ocupan cargos gubernamentales. Estas declaraciones apuntan hacia la preparación de una ley de amnistía, específicamente para los eventos del 1 de octubre de 2017 y actos anteriores y posteriores vinculados al 'procés', incluyendo delitos de corrupción. La declaración se someterá a consideración del Pleno en los próximos días.

La sorprendente revelación del presidente del Gobierno en funciones, el cual confirmó haber pactado una ley de amnistía con partidos políticos, incluyendo a uno liderado por un fugitivo de la justicia, ha llevado a los vocales a romper su actitud de expectativa prudente. La declaración del presidente, que justifica la emisión de una opinión institucional por parte del CGPJ, destaca la falta de respaldo del Presidente del Gobierno a estas declaraciones, lo cual ha sido interpretado como un desvío de la función consultiva del CGPJ, exigida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"La declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención", subraya la carta.

Los vocales expresan su intensa preocupación y desolación por la degradación potencial del Estado de derecho en España. Critican la motivación real detrás de la amnistía, resaltando la contradicción fundamental entre el "interés de España" y los intereses personales del presidente en funciones para evitar un gobierno de partidos de derecha. Consideran inaceptable eximir a los responsables políticos de rendir cuentas por sus delitos, lo cual socavaría el principio de responsabilidad de los poderes públicos y el principio de igualdad ciudadana ante la ley.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", sostiene el comunicado.

En una reflexión adicional, los vocales insisten en que el contenido de la ley de amnistía, según lo revelado por el Presidente del Gobierno en funciones, atenta contra principios fundamentales. Critican el confuso entrelazamiento del "interés de España" con los deseos políticos personales del presidente en funciones, calificándolo como incompatible con la esencia misma del pluralismo político establecido en la Constitución española.

"Pero, además, y a juicio de los ocho vocales que han planteado la solicitud formal al presidente interino del Consejo, 'hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora'", recalcan.

En último término, el CGPJ resalta que la medida anunciada por el Presidente del Gobierno no solo viola la Constitución española, sino también los compromisos de España en el Tratado de la Unión Europea, amenazando la independencia judicial y el Estado de derecho. En este momento crítico, el CGPJ insta a reflexionar sobre el riesgo de que la Unión Europea reconsidere su respaldo a un Estado que no cumple con sus principios fundamentales.

"Madrid, 31 de octubre de 2023", concluye la carta que plantea una perspectiva inquietante sobre el futuro de la legalidad en España.