El traspaso de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021 marcó un hito significativo en la gestión de la situación carcelaria de presos relacionados con ETA. Desde entonces, la administración vasca ha tomado decisiones respecto a la progresión de estos reclusos, concediendo un total de 67 terceros grados. Este proceso ha suscitado un intenso debate en el ámbito judicial y político, polarizando opiniones y generando controversias.

Sin embargo, esta progresión no ha estado exenta de obstáculos. Según datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el 35% de estas decisiones no se han materializado, debido principalmente a revocaciones judiciales y recursos de la Fiscalía. Estos elementos han arrojado luz sobre la complejidad de abordar la cuestión de los presos relacionados con la banda terrorista.

Es importante destacar que las 67 progresiones otorgadas por el Gobierno Vasco afectan a un total de 54 presos de ETA. Esta cifra revela la magnitud del desafío al que se enfrenta la administración en su intento por reintegrar a estos individuos en la sociedad. En algunos casos, como el de Juan Carlos Subijana y Joseba Borde, se han emitido múltiples decisiones de progresión, lo que subraya la persistencia de dilemas legales y éticos en torno a la justicia penal y la memoria histórica.

Subijana, condenado por su implicación en el atentado contra el funcionario de prisiones Máximo Casado en el año 2000, ha sido objeto de especial atención por parte de organizaciones de apoyo a los presos de ETA, que argumentan su "delicado estado de salud" como razón para su excarcelación. Por otro lado, Borde, condenado por tres asesinatos, también ha sido incluido en listados de plataformas que abogan por su liberación, destacando su avanzada edad y problemas de salud como factores determinantes.

Este debate se enmarca en un contexto más amplio de políticas de reinserción y reconciliación en el País Vasco. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de poner fin a la política de dispersión y ceder la competencia penitenciaria al Ejecutivo Vasco ha generado expectativas y críticas divergentes en la sociedad.

Además, es relevante mencionar que antes del traspaso de competencias, Instituciones Penitenciarias había autorizado 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA entre octubre de 2018 y abril de 2022. Este hecho destaca la evolución en la gestión de la situación carcelaria de los reclusos relacionados con la banda terrorista y subraya la necesidad de un enfoque integral y equilibrado en materia de justicia penal.

En la actualidad, 158 presos de ETA cumplen condena, siendo la mayoría de ellos (140) alojados en cárceles del País Vasco. Este dato refleja la concentración de la población carcelaria relacionada con el conflicto vasco en la región, así como los retos logísticos y sociales que ello conlleva.

En resumen, la aprobación de 67 terceros grados para presos de ETA por parte del Gobierno Vasco desde octubre de 2021 ha generado un intenso debate en torno a la justicia penal, la memoria histórica y la reconciliación en el País Vasco. A pesar de los avances, persisten desafíos y controversias que requieren un enfoque reflexivo y colaborativo para su resolución.