La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó que el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de documentos relacionados con el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Alegría subrayó en tres ocasiones que se trata de una desclasificación "parcial" destinada a "un caso concreto" en respuesta a la solicitud de un juez, en particular, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ante quien Aragonès presentó una denuncia en julio de 2022.

El 13 de diciembre, Aragonès compareció ante el juez para pedir que ningún ciudadano catalán sea espiado por su "ideología". Posteriormente, instó al Gobierno a desclasificar la información por "obligación moral". Un mes después, la autorización fue concedida. Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con Aragonès en Barcelona el 23 de diciembre.

La ministra portavoz enfatizó que la decisión "en ningún caso afecta a la seguridad nacional". Sin embargo, en julio de 2022, el Gobierno se negó a desclasificar información sobre otros dos casos, los del presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento de Cataluña, Josep María Jové, y la portavoz del partido en el Parlamento europeo, Diana Riba. Alegría destacó que la desclasificación es una excepción para Aragonès.

En julio de 2022, Aragonès presentó una querella contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y la empresa israelí propietaria del sistema de espionaje Pegasus, NSO. Esteban admitió en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso que Aragonés fue uno de los 17 espiados con autorización del Tribunal Supremo. La desclasificación de documentos, de producirse, estaba prevista antes de la declaración de Esteban, que fue pospuesta hasta el 26 de enero.

El Gobierno de Sánchez usa este recurso para tapar los pactos del PSOE con Junts, y la cesión recurrente a los independentistas.