El Gobierno sanchista sabía el riesgo de Plus Ultra: los WhatsApp lo confirman
Una exclusiva de EL MUNDO revela tensiones, maniobras internas y un rescate bajo sospecha que acorrala al sanchismo
El escándalo del rescate de Plus Ultra da un salto cualitativo. Ya no se trata de sospechas, ni de informes contradictorios, ni de explicaciones políticas vagas. Se trata de pruebas directas. La exclusiva de EL MUNDO desvela conversaciones privadas entre el entonces ministro José Luis Ábalos y su secretario de Estado, Pedro Saura, que evidencian algo mucho más grave: ni siquiera dentro del propio Gobierno confiaban en la operación.
Los mensajes son demoledores. “Hay que revertir el acuerdo” y “la SEPI está fuera de control” no son frases de la oposición, sino del corazón mismo del Ejecutivo. Es decir, quienes tenían información directa del expediente consideraban que el rescate era, como mínimo, cuestionable.
Un rescate que el propio Gobierno quería frenar
El miedo a enfrentarse a Montero
Uno de los elementos más reveladores de los WhatsApp es el reconocimiento explícito de Ábalos de que no podía frenar la operación por motivos políticos internos. No por razones técnicas. No por interés general. Sino por evitar un choque con Hacienda, es decir, con María Jesús Montero.
“Eso es indisponerme con Hacienda”, llega a afirmar. Traducido: el criterio político pesó más que cualquier análisis técnico o advertencia interna.
Un Gobierno dividido y descoordinado
Los mensajes reflejan un Ejecutivo fracturado, donde ministerios se señalan entre sí, se acusan de filtraciones y tratan de eludir responsabilidades. Economía, Hacienda y Transportes aparecen como bloques enfrentados en una operación de millones de euros pagada con dinero público.
Lejos de la imagen de control y solvencia que intenta proyectar Moncloa, lo que muestran estos mensajes es un Gobierno desbordado, sin rumbo claro y más preocupado por su equilibrio interno que por el interés de los ciudadanos.
Plus Ultra: de “empresa estratégica” a caso judicial
Una decisión que acaba en los tribunales
El tiempo ha desmontado el relato oficial. Aquella aerolínea “estratégica” ha terminado en el foco de la Justicia. Directivos detenidos, investigaciones por blanqueo y conexiones internacionales sospechosas han convertido el rescate en un caso judicial de primer nivel.
Y lo más grave: los propios protagonistas anticipaban este desenlace. “Si este es el argumento ante un juzgado lo tienen mal”, advertía Saura. No era una opinión externa, era un diagnóstico interno.
La sombra de Zapatero y las conexiones internacionales
El escándalo se agrava con las acusaciones sobre la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en favor de la compañía. Aunque él lo niega, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama apuntan en la misma dirección.
Además, la conexión con capital venezolano y las investigaciones sobre movimientos financieros internacionales refuerzan la sensación de que el rescate no respondía únicamente a criterios económicos.
Un patrón que se repite en el Gobierno
Este caso no es un hecho aislado. Se suma a una larga cadena de polémicas que rodean al Ejecutivo: contratos bajo sospecha, investigaciones judiciales en curso, utilización de recursos públicos cuestionada y una constante falta de transparencia.
Desde el caso Begoña Gómez hasta las polémicas sobre vuelos oficiales o financiación opaca, el denominador común es siempre el mismo: opacidad, contradicciones y ausencia de responsabilidades.
La evidencia: un modelo político basado en el control y no en la transparencia
Los WhatsApp de Plus Ultra no solo revelan un escándalo concreto. Revelan un modelo de poder. Un modelo donde las decisiones no se toman en base al interés general, sino a equilibrios internos, lealtades políticas y cálculos de supervivencia.
Un modelo donde se prioriza evitar conflictos dentro del Gobierno antes que evitar errores con dinero público.
El relato se rompe desde dentro
Lo más devastador para el Gobierno no es la crítica externa, sino la evidencia interna. Son sus propios mensajes, sus propias dudas, sus propias advertencias las que desmontan el discurso oficial.
Cuando un Gobierno sabe que una operación es dudosa y aun así sigue adelante, el problema deja de ser político para convertirse en algo mucho más serio: una cuestión de responsabilidad institucional.
Y en ese punto, ya no basta con explicaciones. Empiezan a ser necesarias consecuencias.
