El Gobierno de Sánchez y sus socios atacan la libertad de prensa en el Congreso
La Comisión de Reglamento del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la tramitación de la reforma que permitirá la expulsión y sanción de periodistas considerados como «pseudoperiodistas» dentro del recinto parlamentario, a través de una enmienda transaccional impulsada por el PSOE y sus socios parlamentarios: Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. La reforma será votada en el Pleno del Congreso el próximo martes, donde previsiblemente quedará ratificada.
La medida ha generado fuerte controversia política y división entre los grupos. Mientras que PP, Vox y UPN han votado en contra y la califican de «ley mordaza contra los medios de comunicación», el bloque progresista ha defendido que busca garantizar un entorno de respeto y convivencia en el Parlamento.
Sanciones y limitaciones a periodistas acreditados
El nuevo marco contempla sanciones para los periodistas que, en el ejercicio de su actividad en dependencias parlamentarias, incurran en comportamientos calificados como infracciones graves o muy graves. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de suspender la credencial de prensa hasta un máximo de tres años, frente a los cinco propuestos inicialmente.
Además, se delimita con precisión el ámbito físico de aplicación y se establece un régimen de prescripción de las sanciones: seis meses para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves. El uso adecuado de la acreditación parlamentaria será clave en la evaluación de las posibles conductas sancionables.
Advertencias jurídicas y críticas por “censura”
Los servicios jurídicos del Congreso alertaron previamente sobre el riesgo de afectación al derecho a la libertad de información, además de advertir una posible inseguridad jurídica por falta de concreción en el régimen disciplinario. No obstante, sus principales observaciones se han incorporado a través de la enmienda negociada.
Durante el debate, la diputada del PP Carmen Navarro acusó al Ejecutivo y sus socios de convertir el Parlamento en un «laboratorio de cancelación y censura» contra la prensa crítica, señalando que la normativa ya permite actuar ante incidentes sin necesidad de una reforma. En la misma línea, Vox y UPN denunciaron un intento de controlar y amedrentar a los informadores.
Defensa de la reforma por parte del bloque progresista
El PSOE y Sumar justificaron la reforma como una demanda de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), asegurando que el nuevo texto es «garantista y proporcionado». El socialista Joaquín Martínez Salmerón destacó que se ofrece seguridad jurídica y no se vulnera el derecho a la información. Desde Sumar, Enrique Sierra vinculó las críticas del PP y Vox con una defensa indirecta de «escenarios de hostigamiento».
Por su parte, Bildu, ERC y Junts avalaron la medida en base a experiencias recientes que, según afirman, han puesto en riesgo la convivencia y el respeto en las instituciones. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, denunció el comportamiento de «agitadores de ultraderecha» que ejercen violencia verbal e intimidación en los pasillos del Congreso, señalando su labor como acoso más que como periodismo.
Otros cambios en el Reglamento
Además de las modificaciones en el régimen de prensa, la reforma también amplía los supuestos para solicitar el voto telemático en el Congreso. A partir de ahora, se podrá pedir por razones médicas, reproducción asistida, atención a familiares dependientes hasta segundo grado, así como por maternidad o paternidad.
