El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este martes la idoneidad e imparcialidad de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, una designación con la que el Gobierno quiere forzar a los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que hagan sus nombramientos.

El Consejo de Ministros ha propuesto la designación de Campo y Díez en sustitución de los dos magistrados conservadores Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, quien es actualmente el presidente del Constitucional.

El Gobierno remitirá ahora al Tribunal Constitucional (TC) su propuesta, defendida por Bolaños para recuperar la normalidad institucional y en cumplimiento del deber constitucional del Ejecutivo. «El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión», ha añadido en rueda de prensa el ministro, para quien «la situación de bloqueo» en el Consejo General del Poder Judicial «no puede conllevar que el Gobierno incumpla sus obligaciones constitucionales».

Bolaños ha afirmado que al Gobierno le hubiera gustado que estos nombramientos fueran al mismo tiempo que el los dos magistrados que debe nombrar el CGPJ y que debería hacerse de manera inmediata al estar ya fuera del plazo legal.

Ha recordado que se intentó por parte del Ejecutivo un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ y ha vuelto a culpar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no «aguantar» las presiones y echarse atrás.

Tras hacer un llamamiento al TC para que verifique formalmente a los dos candidatos, Bolaños ha insistido en la idoneidad de su designación, al ser dos juristas de reconocida competencia e indudable vocación de servicio público.

El Gobierno defiende la trayectoria de Juan Carlos Campo

Ante las críticas por la politización de la justicia -Campo fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez-, Bolaños ha defendido su trayectoria profesional, con más de 35 años de carrera judicial, doctor en derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y servidor público.

«Es una persona absolutamente idónea, reconocida y valorada tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha (…) dialogante, de consenso y equilibrada», ha remarcado. «Cuando el PP habla de despolitizar la justicia me parece que es un lapsus, es como reconocer que la tienen politizada y bloqueda», ha proseguido el ministro.

Se ha mostrado además convencido de que ambos harán su labor con compromiso y desde un respeto absoluto a la Constitución y la ley y ha argumentado que el Constitucional no es un órgano judicial, sino el máximo intérprete de la Carta Magna, a cuyos miembros los nombran órganos que tienen «naturaleza política». «No tiene una función judicial, sino interpretar la Constitución», ha añadido.

Laura Díez se siente «muy honrada» por su designación

La catedrática de la Universidad de Barcelona (UB) Laura Díez, a quien el Gobierno propone como magistrada para el Tribunal Constitucional (TC), ha afirmado sentirse «muy honrada» por su designación.

En declaraciones a EFE Televisión a su salida de una reunión del Consejo de Garantías Estatutarias, del que es vicepresidenta, Díez ha expresado así su satisfacción por el hecho de que el Gobierno la haya propuesto como miembro del Constitucional junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

La jurista, que ha declinado hacer más comentarios sobre su designación, fue elegida el pasado mes de abril miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña a propuesta del PSC, ERC y Junts, tras haber ocupado durante dos años el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

Críticas por los nombramientos del Tribunal Constitucional

La propuesta del Gobierno para designar al exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional ha sido recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde los grupos han censurado la politización de este órgano.

Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, ha acusado al PSOE de «cinismo» y de no ser «coherente» porque vetaban a Victoria Rosell como vocal en un «órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial» y ahora utilizan «una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal donde la independencia es un valor político».

Pese a estas críticas, los morados consideran «buena noticia» que el Gobierno nombre a los magistrados que le corresponden, sin esperar a los dos magistrados que debe proponer el CGPJ, que sigue sin acuerdo.

En cambio, PP y Vox acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de autoritarismo.