El presunto caso de corrupción conocido como "caso Koldo", relacionado con contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas, ha generado preocupación en la Comisión Europea. Según las autoridades españolas, este caso afecta a un total de 17,8 millones de euros en fondos europeos.

De estos fondos, 14,7 millones de euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que los restantes 3,1 millones forman parte del Fondo Europeo de Solidaridad. Esta información fue comunicada por la "autoridad española de gestión" de fondos de la Unión Europea, es decir, el Ministerio de Hacienda, en respuesta a una solicitud de aclaraciones por parte de la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha afirmado que seguirá vigilando de cerca la situación y tomará medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión. Además, ha destacado que tiene una política de "cero tolerancia con el fraude" y cuenta con diversas herramientas para abordar esta situación, como interrumpir o suspender los pagos a los Estados miembros, imponer correcciones financieras y recuperar los fondos desembolsados.

Las investigaciones se centran en los contratos suscritos por el Servicio de Salud de las Islas Canarias y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas, y fueron iniciadas tras recibir una denuncia de un particular.

El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, ha expresado su confianza en que la investigación de la Fiscalía Europea arroje luz sobre la presunta malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en este caso. Hahn ha enfatizado la importancia de permitir que los investigadores trabajen para esclarecer cualquier posible fraude con fondos europeos en esta situación.