En una negociación muy discreta, el grupo socialista y Unidas Podemos han presentando este viernes en el Congreso la proposición de ley para reformar el Código Penal y con él, el delito de sedición. Y es que con la proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación.

En rueda de prensa en el Congreso antes de registrar la iniciativa, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha recalcado que la reforma persigue modificar un delito de sedición que tenía 200 años y ha preferido hablar de «europeizar» en vez de suprimir su contenido. Según sus palabras, es una reforma «de sentido común» que «ayudará» a los jueces, entre quienes se abrió «un enorme debate jurídico» sobre los tipos que había que aplicar a los líderes independentistas catalanes, y con la que se mejorará la cooperación judicial internacional ya que con un delito homologable al de otros países europeos «no volverá a haber santuarios» para quienes atenten contra el orden público.

Ha hecho así alusión a las fallidas órdenes de extradición emitidas por la Justicia española para poder juzgar a los dirigentes independentistas huidos. Y ha dejado claro que si el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont regresa a España «será juzgado». Según la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por López, cometerán un delito de desórdenes públicos agravado, con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, quienes con violencia e intimidación o en el seno de una multitud alteren el orden público e impidan la aplicación de leyes o resoluciones judiciales.

Si el delito lo cometen autoridades, la pena de inhabilitación absoluta alcanzará los ocho años. Patxi López ha insistido en el objetivo de corregir tipos penales que son «inexistentes en la mayoría de los países de la Unión Europea así como penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos y que generan disfunciones a la hora de cooperar judicialmente». Se aprovecha también la proposición de ley para trasponer directivas comunitarias y realizar otras reformas, resolver «déficits y lagunas» que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia. Dentro de los delitos contra la integridad moral se introducirá también una modalidad delictiva específica para la ocultación del cadáver y también para el contrabando con material de defensa o tecnología de doble uso. El PSOE ve una «mayoría suficiente» para aprobarlo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha incidido en que el Gobierno se ha planteado ahora reformar el Código Penal y el delito de sedición porque ahora ve mayoría suficiente en el Parlamento para aprobarlo y ha confiado en que sea «cuanto antes». «Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos», ha dicho López en rueda de prensa en el Congreso tras responder a los partidos que «nos acusan de vendernos a los independentistas» que el PSOE sabe que con movimientos dentro de la Constitución y el Estado de Derecho «la traición estaría en no intentarlo». López ha reiterado que el PSOE adopta las decisiones y hace política «independientemente del coste electoral» y ha recalcado que los votantes socialistas serán capaces de «entender lo que estamos haciendo, el por qué y los resultados». «No solo cambiamos la definición del delito de sedición sino que hacemos política por la convivencia en Cataluña», ha reivindicado tras confirmar que han mantenido conversaciones con los partidos socios de investidura y que el PSOE quiere iniciar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley «con vocación de ser mejorada».

El portavoz socialista ha explicado que el Ejecutivo ve que hay mayoría suficiente en la Cámara para reformar este delito cuando «empezamos a hablar de europeizar» para homologar el Código Penal y ERC ya no introduce el término suprimir después de que el PP rompiera el pacto con el Gobierno para renovar el poder judicial. Los socialistas insisten en que el delito no se ha eliminado y sigue existiendo con penas «y quien cometa un delito de orden público tendrá que ser juzgado».

«El fin de la represión». El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que la «derogación» del delito de sedición permite avanzar hacia el «fin de la represión» sobre el movimiento independentista y supone un «paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político» entre Cataluña y el Estado. En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas. Cambios en la ley.

El delito de sedición que va a ser derogado por el Gobierno y que pretende sustituir por otro de desórdenes públicos agravados se penará con condenas de entre tres y cinco años de cárcel, un castigo contemplado en el Código Penal de forma similar para las personas que incendien «montes o masas forestales» o para las que dañen vías férreas. La proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos, en la que se propone la derogación del delito de sedición, contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión -frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de seis a ocho años -frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual-. En un rango de uno a cinco años de cárcel el Código Penal sanciona a los que causen «daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal».

También a aquellos que incendien «montes o masas forestales». En la misma pena incurrirán además los que causen daños en vías férreas u originen un grave daño para la circulación ferroviaria. El mismo castigo que se impone «a los que dañen las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando grave