El Gobierno aprovecha una ley de menores para avanzar en el control de Internet
El Gobierno prepara la Estrategia nacional de entornos digitales seguros para la infancia y la juventud, un documento que introduce la posibilidad de un control público de Internet bajo el argumento de la defensa de la democracia y la protección de los menores. La iniciativa se desarrolla al amparo de la Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2024.
La estrategia, elaborada por el Ministerio de Juventud e Infancia, sostiene que el entorno digital no puede seguir funcionando sin supervisión institucional y plantea la implantación de mecanismos regulatorios, sanciones y sistemas de gobernanza que permitan a la Administración intervenir sobre redes sociales y plataformas digitales. El Ejecutivo defiende que Internet debe regirse por los mismos principios que el espacio físico, incorporando instrumentos de control democrático y exigencia de responsabilidades.
El documento parte de la premisa de que el ecosistema digital ha estado dominado por la autorregulación empresarial y por la ausencia de normas claras, una situación que el Gobierno considera incompatible con la protección de los derechos de la infancia y la juventud. En este contexto, se plantea la construcción de una arquitectura institucional que limite el peso de los intereses comerciales en el funcionamiento de las plataformas.
Este planteamiento se suma al paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez en el World Governments Summit de Dubái, donde avanzó su intención de endurecer la regulación de las redes sociales. Entre las propuestas figura la prohibición del acceso a las plataformas digitales a menores de 16 años, obligando a las empresas tecnológicas a implantar sistemas eficaces de verificación de edad.
Reforma penal contra directivos de plataformas
El Ejecutivo también trabaja en una reforma del Código Penal para introducir un régimen específico de responsabilidad penal para los directivos de las plataformas digitales. El objetivo es que los máximos responsables de estas empresas puedan responder penalmente cuando incumplan órdenes de retirada de contenidos ilícitos o permitan su difusión de forma deliberada.
La reforma se tramitará como Proyecto de Ley Orgánica y pretende acabar con lo que el Gobierno considera una situación de impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que circulan en redes sociales. Entre los posibles afectados se encontrarían los máximos responsables de compañías como Meta, X o TikTok.
Además, el Gobierno prevé tipificar como nuevos delitos la manipulación de algoritmos destinada a amplificar contenidos ilegales y la alteración de sistemas automatizados de procesamiento de datos con fines ilícitos.
Sistema de rastreo de odio y polarización
Otra de las medidas incluidas en la estrategia es la creación de un sistema denominado Huella de Odio y Polarización, concebido para analizar y medir el impacto de las plataformas digitales en la polarización social. El Ejecutivo pretende convertir este fenómeno en un elemento cuantificable, elaborando clasificaciones que identifiquen a las plataformas con mayor presencia de discursos de odio.
La información obtenida serviría como base para evaluar el comportamiento de los algoritmos y abrir el debate sobre un mayor control institucional de las redes sociales.
Con este conjunto de iniciativas, el Gobierno avanza hacia un modelo de intervención directa sobre el ecosistema digital, utilizando la protección de los menores como marco legal para ampliar la capacidad de supervisión pública sobre Internet y las plataformas privadas.
