El Gobierno arremete contra el juez Peinado por imputar al delegado del Gobierno
El Gobierno arremete contra el juez Peinado tras imputar por malversación a Francisco Martín, delegado en Madrid, por la contratación de la asesora de Begoña Gómez
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente, tras la imputación por malversación de caudales públicos de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y exsecretario general de Presidencia.
Según publica El Debate, el magistrado ha citado a declarar a Martín Aguirre el próximo 14 de mayo por su presunta implicación en la contratación irregular de una asesora en Moncloa –Cristina Álvarez, según las pesquisas– quien habría sido pagada con dinero público mientras ayudaba a Gómez en actividades profesionales privadas.
Bolaños sugiere “prevaricación” del juez instructor
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificó la resolución judicial como un "motivo de preocupación máxima". Durante una comparecencia previa al Pleno del Senado, Bolaños deslizó dudas sobre la imparcialidad del juez, afirmando que la instrucción judicial no es ya solo “un problema para los afectados”, sino una amenaza para quienes creen en el prestigio y la neutralidad del poder judicial.
Estas declaraciones han desatado una ola de críticas desde sectores jurídicos y de la oposición, que acusan al Ejecutivo de erosionar la separación de poderes y usar argumentos políticos para desacreditar decisiones judiciales que afectan directamente al entorno de Sánchez.
Óscar López y otros cargos del PSOE se suman al ataque
La tensión aumentó cuando el ministro de Transformación Digital, Óscar López, publicó en su cuenta de la red social X una captura de la definición de "prevaricación" según la RAE, sugiriendo que el juez Peinado incurre en esa falta. A esto se sumó Pilar Sánchez Acera, exasesora en La Moncloa, quien calificó el caso de “bulo y mentira para atacar a un Gobierno legítimo”.
Estos mensajes han sido interpretados como una estrategia deliberada de desgaste institucional, mientras avanza una causa judicial con ramificaciones políticas y reputacionales cada vez más profundas.
El razonamiento jurídico de Peinado: imputación con base procesal
Pese a los ataques, el magistrado Peinado fundamenta su decisión en el marco legal vigente, recordando que el sistema penal español contempla una fase de instrucción previa, en la que el juez debe valorar indicios razonables antes de acordar imputaciones.
En su auto, subraya que, tras una fase de investigación en la que se han recabado diligencias esenciales, corresponde al juez decidir entre abrir juicio, archivar o calificar los hechos como delito leve, siempre conforme al principio de legalidad.
Contexto: pieza separada y el cerco judicial a Begoña Gómez
La causa contra Francisco Martín Aguirre surge como pieza separada dentro del procedimiento contra Begoña Gómez, a raíz de una querella presentada por Vox, admitida por Peinado. Esta nueva imputación podría estrechar aún más el cerco en torno al entorno personal y político del presidente del Gobierno, y ha elevado el tono del enfrentamiento entre La Moncloa y los tribunales.
El caso Gómez, lejos de disolverse en el ruido mediático, se adentra en un nuevo capítulo con implicaciones judiciales para altos cargos del Gobierno. El ataque institucional al juez Peinado, reiterado y amplificado, despierta alertas democráticas sobre la utilización del poder político para condicionar procesos judiciales en curso. En este escenario, la Justicia avanza mientras el Ejecutivo busca blindarse atacando al mensajero.
