PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto a suavizar las reglas para la constitución de la Comisión de secretos oficiales del Congreso, toda vez que el PSOE, Unidas Podemos, los partidos independentistas y los socios de investidura del Gobierno han apoyado rebajar la mayoría de tres quintos que obligaba a su creación.

Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces, que se ha reunido este martes tras el pleno del Congreso después de que la Mesa de la Cámara les haya trasladado la petición de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para cambiar las mayorías para la representación en esta comisión, con el fin de que no haya vetos a la entrada de ERC o Bildu.

Con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, la nueva resolución que sustituye a la de 2004 señala que un diputado de cada grupo parlamentario debe estar representado en la Comisión de secretos oficiales y ser elegido por mayoría absoluta del pleno del Congreso; es decir, por 176 diputados y no por los 210 que obligaba la resolución anterior.

La rebaja de este requisito se ha aprobado después de que esta comisión no se haya constituido desde el inicio de la legislatura tras el bloqueo que ha habido por parte de partidos de la derecha, que se oponen a que diputados de Bildu o de ERC participen de información reservada.

La polémica comisión ha saltado a la luz tras el supuesto espionaje a más de sesenta líderes independentistas a través del sistema Pegasus, que solo pueden adquirir los gobiernos.

PP, Ciudadanos y Vox coinciden en que no pueden aceptar que los partidos que «atacan» o «combaten» la unidad del Estado puedan conocer información clasificada y, mientras Cs se opone a que «los enemigos del Estado conozcan los secretos del Estado» y afirma que «alterar las reglas del juego, no es ejemplo de limpieza democrática», Vox ha pedido la dimisión de Batet. La formación que dirige Santiago Abascal ha señalado en un comunicado que la modificación «comporta una grave contradicción del deber que corresponde a esta cámara como garante de la soberanía y de la unidad nacional y del Estado». Vox ha acusado a la presidenta del Congreso de «rendirse» a las «componendas» del Gobierno.

Por su parte, Batet ha argumentado que se debe cumplir con el reglamento y garantizar la pluralidad y la representación política de la cámara y ha considerado que la resolución nueva es «coherente con las anteriores modificaciones» sobre esta comisión parlamentaria.

Una vez que la resolución sea publicada en el Boletín de las Cortes, la Junta de Portavoces debe volver a reunirse para votar la convocatoria de un nuevo pleno el jueves, que se produciría tras la sesión ordinaria actual.

CAMBIO DE CRITERIO DEL PSOE. El cambio planteado por Batet enmienda el criterio que aplicó el PSOE en 2004, cuando bajo la presidencia de la Cámara de Manuel Marín se acordó que tenía que haber una mayoría de 210 diputados para dar el visto bueno a que un grupo pudiera tener un representante en esta comisión secreta. Su resolución del 11 de mayo de 2004 es la que estaba vigente.

Batet justifica que las diferentes modificaciones que se han hecho a lo largo de la democracia sobre los secretos oficiales (1986, 1992 y 2004) «han tenido en común la finalidad de posibilitar que el pluralismo político representado en la Cámara tenga acceso a materias clasificadas a través de un diputado por cada grupo parlamentario». «En la situación actual», prosigue la resolución, «el cumplimiento de ese objetivo aconseja el establecimiento de una mayoría cualificada que lo haga posible».

Por consiguiente, se establece que «queda derogada la resolución de la Presidencia del Congreso sobre secretos oficiales del 11 de mayo de 2004» para sustituirla por ésta.

La principal novedad de la nueva resolución está en el punto tercero, en la que se dice ahora que los diputados «serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría absoluta». En lugar de dos tercios de la Cámara. El objetivo es que todos los grupos parlamentarios tengan un representante.

En una comparecencia ante los medios, Batet ha justificado que era una «anomalía democrática» que los «vetos cruzados» hubieran impedido constituir la comisión y que con la nueva resolución su «voluntad» es que todos los grupos parlamentarios tengan un asiento en ella.

Así, ha advertido de que el Parlamento estaba «dejando sin efecto» el «mandato constitucional» de que el Parlamento controle al Gobierno. «Con el ánimo de superar el bloque actual» y «hacer posible el cumplimiento de las labores constitucionales del Congreso» y de «acceso a los grupos», Batet ha justificado que la nueva normativa rebaja a la mayoría absoluta la elección de sus miembros, confiando en superar así los vetos. Su plan es que la comisión se puede configurar esta misma semana.

La resolución de 2004, aprobada por Marín, amplió el acceso a la comisión de secretos oficiales a «todos» los grupos parlamentarios, después de que en el 1992 la reforma dejara fuera al Grupo Mixto, porque por entonces ahí se encontraban los diputados Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

En 1986 el acceso a la comisión era para tan sólo tres partidos y fue en 1992 cuando se produjo la ampliación a los demás grupos parlamentarios a excepción del Grupo Mixto. Fue en 2004, con la llegada de Zapatero al Gobierno, cuando se cambió esta excepción, lo que supuso que entrara en la comisión como portavoz del Mixto un diputado del BNG.

El cambio normativo de 2004 se aprobó por la unanimidad de todos los grupos, al contrario que ha ocurrido ahora, donde PP, Vox y Ciudadanos se oponen.