En un nuevo giro del caso que involucra a la trama liderada por Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García Page, tomó la decisión de rechazar una oferta para la adquisición de mascarillas, argumentando defectos evidentes en el producto propuesto. Estos acontecimientos se revelan a través de detalles surgidos del sumario del caso, en el cual Víctor de Aldama, comisionista y uno de los principales actores de la trama, estaba al tanto de un intento de venta de mascarillas a la mencionada región.

En el entramado de esta trama, un nombre clave emerge: Rafael Gómez Arribas, propietario del aeropuerto de Ciudad Real, quien, según el sumario, podría haber actuado como intermediario en la operación. El 17 de junio de 2020, Gómez Arribas notificó a De Aldama sobre un intercambio de correos entre Fernando Sánchez Bódalo, director de asuntos institucionales de la infraestructura aeroportuaria, y una empleada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En estos correos, se daba cuenta del rechazo gubernamental a la compra de un lote de 350.000 mascarillas KN95 a un precio unitario de 1,24 euros.

La razón principal esgrimida por el Servicio de Salud fue la supuesta defectuosidad de las mascarillas, sustentada en informes de la empresa certificadora SGS. Según el informe gubernamental, la documentación presentada por el proveedor indicaba claramente que el producto no cumplía con los estándares necesarios y, por lo tanto, no se podía considerar para su adquisición. Esta decisión se comunicó de manera inmediata al director de asuntos institucionales, apenas una hora después de recibir la oferta.

Ante esta respuesta, Sánchez Bódalo defendió la calidad de las mascarillas, interpretando el informe de la SGS de manera diferente. Señaló que, si bien el informe identificaba cinco defectos menores y tres mayores, ninguno de ellos era considerado crítico. Argumentó que estos defectos mínimos no afectaban a la eficacia del producto en términos de protección de la salud. A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, sus intentos de persuadir al Sescam para reconsiderar la oferta resultaron infructuosos.

No es el único caso en el que la trama Koldo García se ha visto involucrada. En una instancia similar, el Gobierno aragonés, liderado por el socialista Javier Lambán, también descartó una oferta de mascarillas de esta trama, aunque en este caso, la razón fue el elevado precio propuesto. El PSOE aragonés ha aclarado que la recomendación de Koldo García fue desestimada sin que se estableciera ninguna relación contractual con la empresa en cuestión.

Estos hechos han puesto de manifiesto la complejidad de las operaciones relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. En un contexto de emergencia sanitaria, la transparencia y la diligencia en la evaluación de ofertas se convierten en elementos cruciales para garantizar la seguridad y eficacia de los productos adquiridos. La investigación sobre las operaciones con la trama Koldo García, que ahora también involucra a los gobiernos de Baleares y Canarias, arroja luz sobre las múltiples aristas de esta trama y sus conexiones con distintas instancias gubernamentales.

Este desarrollo evidencia la importancia de una supervisión exhaustiva en las adquisiciones gubernamentales, especialmente en el ámbito de la salud pública. La sociedad espera que las instituciones adopten medidas rigurosas para garantizar la calidad y la idoneidad de los productos adquiridos, velando así por la seguridad y el bienestar de la población.