El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un contundente comunicado en respuesta a las acusaciones de interferencia y revelación de información confidencial en el marco de un caso de presunto delito fiscal vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el documento dirigido a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, García Ortiz rechaza vehementemente cualquier insinuación sobre la intromisión de la Fiscalía en las relaciones abogado-cliente y la divulgación de negociaciones reservadas.

Según García Ortiz, en todo momento se ha respetado el deber de reserva en el mencionado caso, en el que Alberto G.A., la pareja de Díaz Ayuso, está siendo investigado por un supuesto delito fiscal. No obstante, recientes filtraciones de datos protegidos han suscitado controversia y sospechas sobre la presunta participación de la Fiscalía en revelar información confidencial.

Fuentes cercanas a la Carrera Fiscal, consultadas por El Debate, sugieren que las filtraciones podrían haber surgido a partir de instrucciones emitidas por el propio fiscal general, en las cuales se detallaba cómo proceder en el caso. Estas instrucciones, inicialmente dirigidas a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia Autonómico (TSJM), aparentemente fueron declinadas por estos últimos. Sin embargo, la fiscal jefe de Madrid, nombrada recientemente por García Ortiz, habría seguido dichas instrucciones.

García Ortiz enfatiza que la propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue divulgada ni comunicada al público en general. Asimismo, sostiene que solo se compartieron aspectos ya conocidos previamente por la opinión pública como resultado de filtraciones, con el fin de disipar cualquier sospecha sobre la actuación de los fiscales.

La polémica ha llevado al Consejo General de la Abogacía Española a exigir una investigación para determinar la autoría de las filtraciones y tomar medidas legales contra los responsables. Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se ha mostrado firme en la defensa del secreto profesional que, según afirman, ha sido vulnerado por la Fiscalía en este caso.

Es importante recordar que estas acusaciones se producen en el contexto de una declaración institucional del Consejo General de la Abogacía Española, adoptada el pasado viernes, en la cual se defiende el respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad.

En otro frente, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde ha presentado alegaciones para la inadmisión de una querella presentada por el Partido Popular en el Supremo contra Álvaro García Ortiz. El PP acusaba al fiscal general de prevaricación por su decisión de ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público. Sin embargo, Sánchez-Conde argumenta que no se puede considerar prevaricación dado que García Ortiz no tenía poder decisorio en dicho nombramiento, el cual corresponde al Consejo de Ministros.