El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en los disturbios de octubre de 2019, vinculados a la sentencia del juicio del 'procés', ha reforzado su argumento de que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En un nuevo auto, el magistrado Manuel García Castellón ha incorporado hasta tres convenios internacionales para respaldar su tesis, destacando el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, suscrito en Nueva York en 1993.

La semana pasada, García Castellón ya había planteado que las lesiones graves sufridas por dos agentes durante los disturbios eran "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física", lo que podría excluir el caso de la ley de amnistía. Ahora, el juez amplía el marco legal al citar el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, señalando sus anexos, que incluyen tratados sobre actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.

En este contexto, el magistrado profundiza en el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo, destacando que este establece que se comete delito al proveer o recolectar fondos con la intención de utilizarlos en actos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, entre otros. El auto también aborda la toma del aeropuerto de El Prat y el intento de bloquear la torre de control como eventos significativos.

El juez describe a Tsunami Democràtic como una "organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", dirigida por diversas personas con roles específicos, cuya finalidad era "subvertir el orden constitucional" y desestabilizar el Estado mediante movilizaciones masivas. Destaca que la gestación de la plataforma se planificó con antelación y se lanzó en agosto de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés'.

Además, el auto subraya la relación entre Tsunami Democràtic y Omnium, señalando conversaciones intervenidas que mencionan la comunicación directa entre Omnium y el expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado sugiere que tanto Omnium como Puigdemont podrían haber participado en la creación de la organización, aspecto que requerirá esclarecimiento en la investigación.

La complejidad de la investigación ha llevado a actuaciones fuera del territorio nacional, con comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a varios países. Aunque algunas diligencias quedan pendientes, como solicitudes de auxilio internacional y esclarecimiento de la financiación de la organización a través de Suiza, el juez defiende la prórroga de la instrucción.