Gallardo dimite como presidente de la Diputación pero mantiene su escaño aforado

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, ha anunciado su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz y concejal en Villanueva de la Serena, pero mantendrá su escaño como diputado en la Asamblea de Extremadura, cargo que le confiere aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en lugar de ser juzgado por la Audiencia Provincial.

Esta decisión llega horas después de que la jueza Beatriz Biedma lo enviara a juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y otros altos cargos de la Diputación pacense.

Una renuncia con condiciones: aforado, pero no fuera del foco judicial

Gallardo ha defendido que su entrada en la Asamblea no busca protegerse judicialmente, y ha propuesto un debate con la presidenta regional, María Guardiola (PP), para eliminar los aforamientos del Estatuto de Autonomía. No obstante, las críticas apuntan a que su incorporación exprés al Parlamento autonómico ha sido diseñada para modificar el tribunal competente justo antes de ser procesado.

Según revelaron varios medios, su escaño fue obtenido tras la renuncia sucesiva de cuatro candidatos anteriores en la lista socialista, y especialmente gracias a la salida de María Cruz Rodríguez, su ex jefa de gabinete en la Diputación, también denunciada como cooperadora necesaria por las acusaciones populares.

Recurso ante el TSJEx: piden anular el juramento como diputado por “fraude procesal”

Las asociaciones Manos Limpias y Liberum, personadas en la causa judicial, han solicitado al TSJEx la suspensión urgente del acto de juramento de Gallardo como diputado, previsto para este jueves, alegando “fraude procesal, abuso de derecho y cohecho”. En sus escritos, ambos colectivos piden que se impida que el aforamiento derive en un cambio de tribunal que favorezca el sobreseimiento del caso.

Según Liberum, la entrega del acta de diputada a Gallardo "se realizó en fraude de ley y abuso de derecho" con el objetivo de "obtener un resultado judicial más favorable" en un tribunal distinto al predeterminado legalmente por el inicio del proceso penal.

Por su parte, Manos Limpias ha calificado la maniobra como “burda, indecente y contraria a los principios de justicia”, y afirma que el propio Gallardo estaría reconociendo la desconfianza en el sistema judicial al cambiar de jurisdicción.

Gallardo niega motivaciones procesales y denuncia “cacería política”

Durante su comparecencia, Gallardo aseguró:

“Me da lo mismo que me juzgue la Audiencia Provincial que el TSJEx, porque no he hecho nada”.

Además, acusó a PP y Vox de haber organizado una “campaña de desprestigio feroz”, y denunció una “cacería judicial alimentada por la ultraderecha”. Afirmó que la Fiscalía no ha visto indicios suficientes en su contra y lamentó que el caso no se haya archivado.

El PP pide un informe jurídico sobre su aforamiento

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este lunes una solicitud para que la Mesa de la Asamblea de Extremadura emita un informe jurídico sobre el momento exacto en el que Gallardo adquiere su condición de diputado y cuándo surten efecto los derechos y prerrogativas del aforamiento.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, denunció que la Asamblea no ha aclarado públicamente si Gallardo ya es diputado de pleno derecho, y alertó de la urgencia institucional de definir el estatus del secretario general del PSOE regional ante la gravedad del procedimiento penal en curso.

Contexto del caso y antecedentes del aforamiento exprés

El aforamiento de Gallardo se activó en un plazo de apenas 28 horas tras conocerse su procesamiento judicial. La maniobra implicó:

• La renuncia de la diputada María Cruz Rodríguez, próxima a Gallardo.

• La renuncia consecutiva de cuatro nombres en la lista del PSOE a la Asamblea.

• Su acreditación inmediata como diputado autonómico.

Este proceso ha sido considerado por las acusaciones como una estrategia diseñada para esquivar la jurisdicción ordinaria y buscar un trato judicial presumiblemente más favorable ante el TSJEx.

La situación de Miguel Ángel Gallardo abre un nuevo capítulo en la crisis política y judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno. Mientras las acusaciones reclaman la suspensión de su condición de aforado por fraude procesal, él insiste en su inocencia y se declara víctima de una operación política.

Sin embargo, el uso del escaño como escudo judicial y las denuncias que lo acusan de cohecho y abuso del derecho electoral podrían derivar en acciones legales adicionales, y ponen bajo presión a la Asamblea de Extremadura, al PSOE y al sistema de aforamientos autonómicos, cuestionado ahora por su posible uso como herramienta de impunidad.