En los últimos días, se ha generado un considerable revuelo en el ámbito sindical policial a raíz de las concesiones realizadas por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez a los representantes de Junts. Estas concesiones, que han sido cruciales para obtener la aprobación de decretos en el Senado, han despertado inquietud entre los sindicatos policiales, quienes expresan su preocupación por las posibles repercusiones que estas decisiones podrían tener en la integridad y funcionamiento de la Policía Nacional en Cataluña.

Desde hace un tiempo, y según informaciones previas de El Debate, se ha venido observando una paulatina disminución de competencias para la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña y otras regiones con inclinaciones nacionalistas. Este proceso ha llevado a una situación en la cual, prácticamente, las fronteras eran la única competencia que la Policía Nacional mantenía en exclusiva en Cataluña. Sin embargo, con la cesión actual, incluso esta competencia está destinada a desaparecer.

Ante este panorama, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elevado su voz de alarma, destacando que estas concesiones gubernamentales podrían suponer la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña. En una carta urgente dirigida al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el SUP expresa su esperanza de que el ministro defienda activamente a la Policía Nacional y preserven las competencias del cuerpo.

La preocupación no se limita al ámbito nacional, ya que el SUP ha decidido buscar amparo a nivel europeo. Han solicitado la intervención de la Unión Europea, considerando la situación como un riesgo extremo para las fronteras del país. La magnitud de esta medida refleja la gravedad con la que los sindicatos policiales ven el actual escenario.

Por otro lado, el sindicato Jupol ha manifestado su percepción de que el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) representa un paso más hacia la salida de la Policía Nacional de Cataluña. Para Jupol, esto equivaldría a convertir a este cuerpo policial en una entidad sin funciones en el territorio catalán. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, advierte que este acuerdo marca el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña, un proceso similar al ocurrido con la Guardia Civil en Navarra.

En una entrevista reciente en Atresmedia, Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, ha subrayado la percepción de que Cataluña enfrenta problemas de seguridad. Expone que asignar las labores exclusivas de la Policía Nacional, como la extranjería en Cataluña, podría significar la paulatina expulsión del cuerpo policial de esta región. Domínguez también ha abordado las declaraciones de dirigentes de Junts sobre la expulsión de inmigrantes multirreincidentes, destacando la necesidad de cumplir la ley de extranjería y considerar acuerdos de cooperación con terceros países.

En este sentido, Domínguez destaca la complejidad de la situación al mencionar que si un país no acepta la expulsión de un ciudadano, resulta imposible llevar a cabo dicho procedimiento. Además, plantea la posibilidad de que Cataluña pueda estar considerando una política exterior en relación con la expulsión de inmigrantes, considerando esta perspectiva como esperpéntica.

La situación, por tanto, se presenta como un complejo entramado de tensiones políticas, competencias policiales y desafíos migratorios que requieren una atención rigurosa y cuidadosa por parte de las autoridades y los ciudadanos por igual.