La 'fontanera' de Ferraz apunta a la cúpula judicial: el fiscal anticorrupción, en el punto de mira
La crisis institucional que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez suma nuevas aristas. Leire Díez Castro, militante socialista vinculada a la estructura de Moncloa y ex directiva de Correos, no solo habría maniobrado contra el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, sino que también apuntó hacia José Grinda, fiscal anticorrupción conocido por su papel en la investigación del llamado caso del 3%, que afectó a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya.
Una lista negra con nombres clave del sistema judicial
Según revelaciones publicadas por El Confidencial, Díez mantuvo reuniones en febrero de 2025 con empresarios investigados por fraude, como Alejandro Hamlyn (presidente del grupo Hafesa, imputado por fraude de IVA) y Javier Pérez Dolset, procesado por delitos relacionados con subvenciones públicas. En dichas conversaciones, grabadas y actualmente en manos de la investigación judicial, se menciona una presunta estrategia para desacreditar a actores clave del sistema penal.
Durante uno de los encuentros, se escucha a Pérez Dolset aludir explícitamente a Grinda como uno de los "objetivos":
“Aquí hay varios objetos que interesan. No solo Balas. Balas, Bonilla, Grinda…”, afirma.
Hamlyn añade:
“Yo tengo toda la documentación también sobre este señor”.
Estas declaraciones colocan al fiscal José Grinda en el centro de una presunta campaña de presión y recopilación de material sensible destinada a neutralizar su labor. Grinda es una figura central en la lucha contra la corrupción estructural en España y ha participado en causas de alto impacto, incluidas las vinculadas al independentismo catalán y la financiación irregular de partidos.
Nuevas revelaciones: vínculos con la Guardia Civil
Paralelamente, el diario El Mundo desvela que Díez también habría celebrado reuniones clandestinas con el comandante Rubén Villalba, oficial de la Guardia Civil actualmente investigado en el marco del caso Koldo. Estas reuniones, celebradas en marzo, tenían como objetivo —según las informaciones filtradas— conseguir información confidencial sobre altos mandos de la Guardia Civil involucrados en investigaciones sensibles para el PSOE.
Díez habría ofrecido a Villalba protección judicial y respaldo institucional a cambio de testimonios que permitieran desacreditar las investigaciones en curso contra dirigentes socialistas. También le habría planteado colaborar en la denuncia de un supuesto “sistema de escuchas ilegales” por parte de la Guardia Civil, con el objetivo de invalidar procedimientos judiciales por presunta corrupción.
El PSOE se desmarca: “Actuaba por su cuenta”
En plena tormenta mediática y judicial, la dirección del PSOE se ha esforzado en minimizar el impacto político del escándalo. Fuentes oficiales del partido han señalado que Leire Díez “actuaba por su cuenta” y que no tenía encargo institucional alguno. "Hay mucho fantasma", deslizan desde Ferraz, en un intento por desvincular su figura del núcleo duro de Moncloa.
Sin embargo, el historial de Díez, que incluye cargos en empresas públicas como Correos y presuntas relaciones con estructuras gubernamentales, alimenta las dudas sobre su verdadero grado de autonomía y el conocimiento que altos cargos del Ejecutivo pudieran tener de sus movimientos.
Contexto político: presión sobre las instituciones
El caso se suma a una cascada de escándalos que han puesto bajo lupa la relación del actual Gobierno con figuras señaladas por presunta corrupción, desde la trama Koldo, pasando por el caso Begoña Gómez, hasta las maniobras judiciales en Extremadura relacionadas con el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, implicado en un proceso judicial junto al hermano del presidente, David Sánchez.
Mientras tanto, la imagen del PSOE se ve erosionada por el goteo constante de filtraciones, audios y actuaciones que apuntan a una estrategia defensiva desde el corazón del poder, bajo sospecha de tratar de neutralizar investigaciones incómodas a través de presiones informales, maniobras políticas o campañas de descrédito contra jueces, fiscales y mandos policiales.
Siete años después de llegar al poder prometiendo regeneración, el Ejecutivo de Sánchez enfrenta acusaciones que evocan los peores momentos del pasado político reciente. Los intentos de limpiar su imagen a base de señalar los errores de otros partidos ya no parecen bastar para detener un deterioro institucional creciente. La figura de Leire Díez puede pasar de ser una anécdota marginal a un símbolo de una política de trincheras, donde el uso partidista del Estado amenaza con desbordar los cauces democráticos.
