La Fiscalía se ha pronunciado ante la Audiencia de Sevilla rechazando las solicitudes de indulto presentadas por José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos de la Administración regional condenados por malversación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos. Este pronunciamiento se produce en vista de la decisión que debe tomar la Audiencia, la cual debe emitir un dictamen sobre dichas peticiones de indulto, las cuales serán remitidas al Ministerio de Justicia para su consideración.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene la responsabilidad de evaluar las peticiones de ocho de los nueve exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado el indulto respecto a sus respectivas penas de cárcel por malversación en el esquema de financiación de los ERE fraudulentos.

José Antonio Griñán, cuya pena de prisión está suspendida debido a problemas de salud, es uno de los condenados que ha solicitado el indulto. Otros incluyen a Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Miguel Ángel Serrano y José Antonio Viera, quien actualmente disfruta de libertad condicional por razones médicas.

El caso de Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, también está bajo consideración para el indulto, siendo el Tribunal Supremo el encargado de evaluar su solicitud.

La Fiscalía se ha posicionado  en contra de las peticiones de indulto, señalando que estas no se ajustan a los criterios de excepcionalidad y justicia que requiere esta medida. Según la Fiscalía, el indulto solo se justifica en situaciones de injusticia notoria o cuando la ejecución de la pena no cumple su función de resocialización.

En respuesta a los argumentos presentados por los solicitantes, la Fiscalía destaca que las condenas fueron dictadas dentro del marco legal y que las conductas criminales implicaron un grave quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública, con un perjuicio económico considerable para las arcas públicas.

La Fiscalía subraya que la gravedad de los delitos cometidos y la necesidad de mantener la integridad del sistema de justicia exigen que las penas sean cumplidas íntegramente, sin conmutaciones parciales a través del indulto.

En resumen, la Fiscalía se opone a las solicitudes de indulto presentadas por los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por malversación en el caso de los ERE fraudulentos, argumentando que las penas deben ser cumplidas íntegramente debido a la gravedad de los delitos cometidos y el perjuicio económico ocasionado al erario público.