El fiscal general niega haber filtrado secretos del novio de Ayuso en su juicio ante el Supremo

Con toga, desde los estrados y escoltado por los abogados del Estado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo para responder por la acusación de haber filtrado información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El juicio, que marca un precedente histórico en la democracia española, comenzó con una rotunda negación:

—«¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?»
—«No», respondió el fiscal general.

Un proceso inédito que sacude la Fiscalía

Por primera vez en la historia reciente, el titular del Ministerio Público se enfrenta a un juicio penal en pleno ejercicio de sus funciones, acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos, penado con hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una posible indemnización de más de 400.000 euros.

Según publicó THE OBJECTIVE, la causa se centra en la supuesta filtración de un correo electrónico confidencial remitido por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. En dicho mensaje, se proponía un acuerdo de conformidad para que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales y evitara así la entrada en prisión. El contenido de este documento habría sido facilitado por García Ortiz a la Cadena SER, según la acusación.

Un juicio con 40 testigos y enorme atención mediática

La vista oral, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, prevé la declaración de más de 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas, asesores de comunicación y agentes de la Guardia Civil, lo que evidencia la dimensión institucional del proceso.

Más de 200 periodistas de 59 medios nacionales e internacionales se han acreditado para cubrir el desarrollo del juicio, que previsiblemente se extenderá hasta el 13 de noviembre.

Testigos clave en la primera jornada

Durante esta primera sesión, han declarado testigos clave como:

• Julián Salto, fiscal que investigó a González Amador, quien remitió al fiscal general la cadena de correos electrónicos involucrados en la causa.

• Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, eximida finalmente de juicio por la Sala de Apelación.

• Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, que ya testificó en instrucción y confirmó haber preguntado a García Ortiz si él fue el autor de la filtración. Según su testimonio, la respuesta del fiscal fue:

  «Eso no importa ahora».

• Diego Villafañe, persona de confianza del fiscal general, investigado por solicitar el expediente del caso.

Durante la sesión de tarde han intervenido los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, para aclarar cómo se elaboró y difundió la nota de prensa del 14 de marzo de 2024, que precipitó la apertura del proceso.

Un fiscal general que llega al banquillo entre aplausos y bajo presión institucional

García Ortiz llegó a la sede del Supremo a las 9:40 horas, solo, en coche oficial y con traje oscuro. Fue recibido con aplausos por un grupo de fiscales afines a la puerta de la Fiscalía General del Estado. Entró al tribunal por la puerta principal, reservada a autoridades. Sin embargo, en los pasillos del poder judicial y político, el debate es más áspero: el Partido Popular considera que García Ortiz “jamás debió haber sido nombrado fiscal general” y exige su dimisión inmediata.

Una causa que tensiona aún más la relación entre Moncloa y la Puerta del Sol

El trasfondo político de este proceso es evidente. La supuesta filtración de datos comprometedores sobre la pareja de Ayuso se produjo en un contexto de abierta confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El juicio contra el fiscal general agrava ese conflicto institucional, con implicaciones de gran calado para la credibilidad del sistema judicial y la independencia del Ministerio Público.