El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha interpuesto una recusación contra cuatro de los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Este movimiento legal surge en el contexto del recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que busca la anulación de la renovación en el cargo de García Ortiz. La base de la recusación se fundamenta en el argumento de que los jueces en cuestión podrían tener un sesgo previo debido a su implicación en un caso anterior relacionado con el Fiscal General.

Según informaciones obtenidas por El Debate de fuentes cercanas al caso, García Ortiz alega que los magistrados recusados previamente lo señalaron por una "desviación de poder" en relación con el ascenso de Dolores Delgado a la primera categoría de fiscal de Sala. Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad de los jueces en este nuevo procedimiento administrativo que decidirá el futuro del Fiscal General.

Una vez presentada la recusación, el proceso legal seguirá su curso habitual. El Tribunal Supremo notificará a todas las partes involucradas, incluida la entidad recurrente y los propios magistrados recusados, para que expresen su posición al respecto. Según lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, será responsabilidad del presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, junto con los presidentes de cada Sala del Supremo y dos magistrados de cada una, tomar una decisión final sobre la admisibilidad de la recusación.

En caso de que el Tribunal acceda a la petición de García Ortiz, los magistrados recusados serán apartados del procedimiento y otros jueces de otra sección de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo asumirán el caso. Por el contrario, si se rechaza la recusación, los mismos jueces permanecerán en el proceso, con la posibilidad de imponer costas al fiscal general si se considera que la recusación fue presentada de manera maliciosa.

La presentación de esta recusación por parte del Fiscal General llega un día después de dos decisiones desfavorables para él. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló su designación de Dolores Delgado como candidata a la plaza de fiscal de Memoria Democrática. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite una querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales que presuntamente filtraron sus datos personales.

Este conjunto de eventos añade una capa adicional de complejidad a la situación legal del Fiscal General, quien se enfrenta a una posible exclusión de los magistrados encargados de decidir sobre su renovación en el cargo. La recusación plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia en un momento crucial para la administración de la justicia en el país.