El Fiscal General del Estado maniobra para consolidar su control sobre la Fiscalía
Álvaro García Ortiz retrasa un pleno clave para evitar perder votos en la designación de dos fiscales coordinadores
La estrategia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a situarlo en el centro de la polémica tras decidir retrasar el Pleno del Consejo Fiscal al próximo 22 de abril, cuando inicialmente estaba previsto para el día 10. El motivo: la ausencia de un representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que él mismo perteneció.
Esta sesión del Consejo Fiscal (CF) es clave porque en ella se designarán a los responsables de dos nuevas coordinaciones de Sala: la de Delitos Económicos y la de Delitos contra la Administración Pública. Dos posiciones de gran relevancia, ya que permitirán a García Ortiz tener un control directo sobre las causas más sensibles de corrupción.
Una estrategia calculada
Fuentes del sector señalan que García Ortiz busca asegurarse de que ningún voto afín falte en la votación, lo que refuerza su estrategia para imponer sus candidatos sin riesgo de sorpresas. A pesar de que el CF no le es mayoritariamente favorable, el Fiscal General tiene la potestad de ignorar sus recomendaciones, como ya hizo en el controvertido nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, anulado posteriormente por el Tribunal Supremo por desviación de poder.
El retraso de la sesión ha sido recibido con indignación por la Asociación de Fiscales (AF), que ha calificado la maniobra como una "burla". Y es que el nuevo fiscal de Delitos contra la Administración Pública tendrá la capacidad de fijar los criterios técnicos en casos de corrupción que afectan incluso a la propia cúpula del Ministerio Público.
Advertencias y presiones internas
Para evitar inasistencias estratégicas que pudieran invalidar la sesión, la Inspectora Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ha recordado a los vocales que la asistencia al CF es obligatoria. Según fuentes consultadas por El Debate, la funcionaria ha advertido de que quienes falten sin justificación podrían enfrentarse a medidas disciplinarias o incluso consecuencias penales.
Con este nuevo movimiento, García Ortiz refuerza su control sobre la Fiscalía, asegurándose de que las nuevas figuras dentro del Ministerio Público respondan a sus intereses. Un pulso institucional que, lejos de apaciguarse, sigue sumando tensión en el seno de la Justicia española.
